El consejo de administración de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) aprobó un informe que responde a las críticas del Consejo de Informativos en relación a los programas de infoentretenimiento Malas lenguas y Mañaneros 360, pero sólo con los votos del ‘bloque de investidura’, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Esto quiere decir que fue aprobado por mayoría, pero sin unanimidad, ya que los cuatro concejales propuestos por el PP expresaron su rechazo al documento que reivindicaba el trabajo de los programas de actualidad exterior firmado esta temporada por el presidente José Pablo López.

Fue precisamente López quien llevó el documento al último consejo y, tras una breve intervención con los principales detalles, dio paso a una votación en la que PSOE, ERC, Podemos, Sumar y Junts votaron a favor y los cuatro miembros elegidos por el Partido Popular en el Senado en contra.

Una respuesta sin precedentes de la dirección de RTVE y de quienes la apoyan en el consejo directivo al máximo órgano de su información, que vela por la ética de sus contenidos y de su personal. También se realiza en dos espacios que están contratados con productoras externas y en los que sus presentadores Javier Ruiz y Jesús Cintora han tomado un gran protagonismo mediático.

La Corporación RTVE ha considerado necesario formular una respuesta al informe emitido por el Consejo de Informativos de TVE en enero de 2026, «teniendo en cuenta la relevancia pública alcanzada por dicho documento y sus efectos sobre la imagen, el prestigio y el normal funcionamiento del servicio público audiovisual».

Según TVE, desde el inicio de las actuaciones del Consejo en mayo de 2025, el asunto ha generado una amplia repercusión en los medios de comunicación nacionales, digitales y autonómicos, con una difusión especialmente intensa tras la publicación del informe que puso de manifiesto la politización de estos programas y su falta de rigor.

Asimismo, afirma que la proyección mediática acumulada ha tenido un impacto significativo en la percepción pública de la Corporación, afectando a su reputación y a la confianza depositada en RTVE como operador público. Indican que el informe contiene declaraciones y «valoraciones de notable gravedad» referidas a programas concretos de la programación de TVE, Mañaneros 360 y Malas Lenguas, así como a los profesionales que los realizan.

Y continúa indicando que en la medida en que se formulan acusaciones relativas, entre otras cosas, a presuntos sesgos ideológicos, falta de rigor profesional y difusión de contenidos que podrían interpretarse como constitutivos de delitos de odio, «se produce una afectación directa sobre el honor profesional de las personas afectadas y sobre el ordinario desarrollo de su actividad».

«La Corporación no puede permanecer callada ante las acusaciones de una entidad así, que trascienden el ámbito interno y se proyectan inmediatamente al espacio público, con consecuencias profesionales y reputacionales para RTVE y para quienes allí prestan sus servicios». «Continúa señalando el informe que también incluye las denuncias de estos dos espacios».

«RTVE entiende que la respuesta institucional es fundamental para corregir y contextualizar el contenido del informe en aquellos extremos en los que se observan deficiencias relevantes, conclusiones no suficientemente fundamentadas y, en determinados pasajes, afirmaciones inexactas o rotundamente falsas».

Por ello, prosigue, RTVE asume la responsabilidad de preservar la integridad institucional de la Corporación, la credibilidad de sus contenidos y «el respeto debido a sus profesionales, a través de una respuesta proporcionada, fundada y orientada».
transparencia».

«Todo lo anterior se expresa con el máximo respeto al Consejo de Informativos de TVE, atendiendo a sus responsabilidades y a su reconocimiento en el marco legal aplicable», advierten. Aunque -continúan- ese respeto institucional no es incompatible con el deber de la Corporación de defender su actuación y la de sus profesionales cuando se formulan acusaciones como las que se recogen en el informe.

La respuesta de RTVE constituye -concluyen-, por tanto, un ejercicio de responsabilidad institucional y defensa del interés general, imprescindible para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio público audiovisual y la confianza de los ciudadanos en la Corporación.