El Consejo de Ministros aprobó este martes la actualización del bono social eléctricoun «mecanismo de apoyo a consumidores vulnerables» que se creó en 2009 y reformado en 2017 que consiste en un descuento en la factura de la luz que deben asumir los comercializadores.

Ahora, el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que se divide en cuatro ejes con un total de 13 medidas. En este sentido, el Gobierno destaca que la Estrategia tiene fundamentalmente tres objetivos.

En primer lugar, se pretende «disponer de un conocimiento adecuado que permita a las Administraciones Públicas y otros agentes, en sus diferentes ámbitos de competencia, caracterizar y abordar eficazmente la pobreza energética». Además, según el Gobierno, «el segundo objetivo es garantizar la protección efectiva del consumidor en situación de vulnerabilidad energética». Finalmente, queremos «promover la implementación de medidas estructurales encaminadas a reducir las necesidades energéticas de los consumidores vulnerables y, por tanto, la pobreza energética en general».

Sin embargo, con esta actualización del bono social, el Gobierno limitará la posibilidad de que muchas familias numerosas puedan acceder a esta ayuda. Esto es así en la medida en que, como explicó la ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, Los ingresos son el factor que el Gobierno considera esencial al conceder esta ayuda. En concreto, se establece un límite de ingresos para que las familias numerosas puedan acceder a las ayudas.

Castigo a las familias numerosas

El bono social eléctrico es un descuento en la factura de la luz del que se benefician los beneficiarios de esta ayuda. En concreto, tal y como explica el Ejecutivo, inicialmente este descuento es 35% para consumidores vulnerables y el 50% para aquellas personas que se consideran consumidores severamente vulnerables, existen también otros supuestos específicos que implican una mayor cobertura. Así, el Gobierno explica que un consumidor en riesgo de exclusión podrá quedar excluido del pago de la factura de la luz.

Sin embargo, según un informe oficial sobre pobreza energética, en 2022 la tasa de cobertura del bono social Fue sólo el 24,5%lo que significa que casi ocho de cada diez hogares con derecho al bono no lo están recibiendo, a pesar de la creciente necesidad de protección contra los costes energéticos. Por ello, el Gobierno subraya la necesidad de «evolucionar desde un enfoque prioritariamente asistencial a uno estructural, centrado en trasladar la filosofía de la transición energética –eficiencia, renovables- a mejorar y optimizar el confort energético de las personas más vulnerables».

De esta forma, la nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 propone adaptar la normativa para limitar el acceso al bono social eléctrico y al bono social térmico a los hogares con rentas altas. De esta forma, como parte de las acciones previstas en la medida quinta, relativa a «cerrar la brecha de cobertura de bonos sociales»El Gobierno establece la «evaluación de las condiciones y criterios de acceso al bono social para que llegue a los hogares que lo necesitan, limitando el acceso a rentas altas». Al respecto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sostiene que «con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono tienen acceso al mismo y, al mismo tiempo, sí tienen acceso los hogares que no lo necesitan».

En este sentido, preguntada sobre si el texto establece un criterio de ingresos para las familias numerosas a la hora de percibir el bono social, la ministra del sector, Sara Aagesen, ha apuntado esta mañana que el Ejecutivo ha incluido en la estrategia que «los ingresos tienen que ser un principio rector para los consumidores». De esta manera, el Gobierno podría penalizar directamente a las familias numerosasquienes, como informamos en Libre Mercado, se encontraban entre los consumidores que podrían beneficiarse directamente de esta ayuda, junto con pensionados y desempleados.

Así, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) pide al Gobierno mantener el acceso al bono social para las familias numerosas como medida de protección económica de estos hogares. De esta forma, recuerdan que «3 de cada 4 familias (75%) tienen dificultades para llegar a fin de mespara cubrir todos los gastos que se generan en un hogar de 5 o más personas, con 3 o más menores a cargo». De hecho, destacan que «el 60% de las familias numerosas no supera los 3.500 euros de ingresos, un tercio, es decir, 1 de cada 3 familias gana menos de 2.500 y el 18% vive con menos de 2.000 euros al mes».

Sin embargo, la FEFN detalla que «en relación a los beneficiarios del bono social, las familias numerosas representan el 26,63% del total de hogares acogidos a esta tasa y el 54% del conjunto, es decir, sólo la mitad de las familias numerosas (1 de cada 2) están cubiertas por esta tarifa social». Además, añaden que «en número de familias, hay 460.244 familias (enero 2026) de las 851.156 familias numerosas con título en vigor (2024) que hay en España y 117.000 son familias numerosas en situación de vulnerabilidad severa, es decir, que no superan un umbral de renta de 16.800 euros al año».

Otras medidas

Dentro de las medidas enfocadas a los consumidores se incluyen cuatro acciones principales: garantizar el suministro a los hogares vulnerables y electrodependientes, y aumentar la cobertura del bono social, que ha pasado de 1,07 millones de hogares en 2018 a 1,72 millones actualmente. También se eliminarán prácticas comerciales que dificultan el acceso, como la penalización por permanecer en contratos PVPC con bonificación social. Además, se requerirá prueba escrita si un usuario desea abandonar voluntariamente el bono social, protegiéndolo contra refacturaciones indebidas. Varias de estas disposiciones ya forman parte del Real Decreto 88/2026.

Además, el Gobierno también crea un Observatorio de Pobreza Energética centralizar datos y asesorar en la toma de decisiones. De esta forma, se pretende promover y facilitar «los intercambios técnicos entre expertos en este campo y facilitar la toma de decisiones sobre políticas públicas». Así, el Ejecutivo explica que «el Observatorio de pobreza energética y la Red-Actúa permitirán a las administraciones coordinar y asesorar mejor a los consumidores».