El Gobierno aprobó este martes la proyecto de ley orgánico en materia de integridad pública, una ambiciosa iniciativa regulatoria que modificará 18 reglas, incluidas seis leyes orgánicas, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la corrupción, particularmente en el ámbito de la contratación pública.

La nueva norma se enmarca en la plan estatal para combatir la corrupción así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en julio del año pasado. Este anuncio se produjo durante su comparecencia en el pleno del Congreso para abordar la caso Koldo, tras el ingreso en prisión temporal del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.

Según explicó la vicepresidenta María Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el texto es una ley «muy ambiciosa» que incluye 84 medidas encaminadas a aumentar la transparencia y reforzar los mecanismos de control y sanción.

¿Qué cambia este proyecto de ley?

Entre las principales novedades podemos citar publicación y accesibilidad del registro mercantil quien tiene prohibido contratar con la administración. Además, se amplía de 15 a 20 años el plazo durante el cual las empresas declaradas culpables de corrupción no podrán contratar con el sector público ni beneficiarse de subvenciones o ventajas fiscales.

Reforma también fortalece las obligaciones de los partidos políticos. A partir de ahora, las donaciones deberán notificarse cuando superen los 2.500 euros, frente al umbral actual de 25.000 euros, y esta comunicación deberá realizarse mensualmente. Asimismo, los partidos estarán obligados a someter sus cuentas a auditorías externas, con un régimen de sanciones más estrictas en caso de incumplimiento.

En el ámbito penal, el proyecto se expande El plazo de prescripción para los delitos de corrupción es de cinco a siete años. Para facilitar la recuperación de fondos malversados, se está fortaleciendo la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos y se está ampliando la capacidad del estado para confiscar activos al comienzo de la investigación. Las herramientas previstas incluyen la “confiscación sin condena” y la confiscación de “riquezas inexplicables”.

Una de las medidas destacables es la creación de una agencia de integridad pública independienteuna de las demandas planteadas por Sumar. Este nuevo organismo reunirá funciones actualmente dispersas y será responsable de coordinar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea contra el fraude. Además, garantizará el anonimato de los denunciantes y podrá realizar pruebas dentro de la administración antes de que el caso llegue a los tribunales, que seguirán siendo responsables de perseguir y sancionar las infracciones penales.

Montero espera que los colectivos apoyen su iniciativa

Pese al avanzado estado del Parlamento y las dificultades del Ejecutivo para conseguir el apoyo parlamentario, Montero se mostró confiado en que los grupos apoyen la iniciativa. El objetivo del Gobierno es aprobar el proyecto para presentarlo al Congreso antes del verano, iniciar su tramitación parlamentaria en septiembre y lograr su publicación en el Boletín Oficial del Estado antes del final de la legislatura, previsto para mediados de 2027. Como recordó la vicepresidenta, el presidente Sánchez mantiene su intención de agotar el mandato.

Síguenos en nuestro canal whatsapp y no te pierdas las últimas novedades y todas las novedades de nuestra perfil de google.