Más de la mitad de esta nueva colección ha llegado de las nóminas y su explotación fiscal: Las cotizaciones sociales han dejado 170.000 millones extra en las arcas de la Seguridad Social en el periodo 2021-2025, mientras que el IRPF ha dejado 100.000 millones más en las del Estado en el mismo periodo. Ha habido un claro impacto del empleo y de los dos millones y medio de trabajadores incorporados al mercado laboral en este fenómeno, pero también de la actuación legislativa, que ha elevado la base de cotización y el tipo aplicable a las nóminas a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y que, pasivamente, no ha deflactado el tipo del IRPF, dejando jugosos ingresos tributarios en las arcas del Estado, que el Gobierno se ha cuidado de aprovechar al máximo.

Nunca antes un Gobierno español había tenido a su disposición una bazuca de recursos de tales proporciones para financiar políticas públicas. Más aún si tenemos en cuenta los más de 70.000 millones gastados en el mismo periodo procedentes de los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación. La pregunta surge por sí sola. ¿En qué ha gastado tantos recursos el Ejecutivo de Pedro Sánchez? ABC ha examinado las liquidaciones presupuestarias para el periodo 2021-2024 y la ejecución de los créditos hasta noviembre de 2025, eliminando el impacto de los fondos europeos, para detectar los programas de gasto hacia los que ha decidido orientar esos recursos disponibles y determinar prioridades en un periodo en el que el gasto público ha crecido a un ritmo sin precedentes desde el 42% del PIB hasta alrededor del 45%.

La primera conclusión es que el Gobierno ha priorizado las políticas de gasto por encima de cualquier otra consideración y Se ha gastado dos de cada tres euros extra que le han entrado en caja. Si el debate a finales de 2020 era cuándo la cuenta de gasto del Estado volvería a los niveles normales previos a la pandemia -ese año el Presupuesto se estiró en más de 50.000 millones para comprar mascarillas, adquirir vacunas y financiar ayudas y ERTE-, cinco años después ha quedado claro que esa nunca fue una opción. El gasto de la Administración del Estado, sumando pensiones y ayudas fiscales, ha aumentado en más de 300.000 millones sin contar los fondos europeos, con un papel claro para las pensiones, que han absorbido más de la mitad de ese gasto extra.

Sólo uno de cada tres euros recaudados en exceso se ha destinado a reducir el déficit, pese a que superó el 11% en 2020 desde que el Reino de España fue amenazado con sanciones por parte de Bruselas y tenía el mandato de reducir su desequilibrio presupuestario por debajo del 3%, algo que en principio ocurrirá por primera vez cuando se cierre el ejercicio 2025.

Poner dinero en la caja

La Comisión Europea se mostró condescendiente con los desequilibrios fiscales de los países miembros tras la pandemia y el Gobierno aprovechó ese margen de maniobra para gastar todo lo que ha permitido la espiral del gasto en pensiones: no hablamos de poco dinero, 120.000 millones de euros en estos cinco años. La prioridad número uno del Gobierno de Pedro Sánchez en este periodo ha sido dotar de recursos suficientes a sus prioridades de política económica en materia de agenda verde y transformación digital; y no sólo con fondos europeos sino también aprovechando la fuente casi inagotable de recursos en que se han convertido los impuestos. Casi 55 mil millones de euros han impulsado transferencias y subsidios para promover esta agenda económica. cuyos resultados en términos de mejorar el potencial de crecimiento de la economía y mejorar la productividad aún están por verse.

Por el camino, y aprovechando sobre todo el flujo de recursos de los fondos europeos, el Ejecutivo ha aprovechado para sacar del ostracismo e incluso de la amenaza de desaparición a un puñado de entidades públicas como el IDAE, el CDTI o la Sepes, que han recibido miles de millones de euros para repartir subvenciones y financiar políticas. La maniobra no sólo le ha permitido transferir recursos sin pasar controles estrictos al que está sujeto el gasto ejecutado por los ministerios pero ha incrementado el tamaño del sector público estatal luego de una serie de años en los que la prioridad ha sido reducir la constelación de fundaciones, entidades públicas e instituciones estatales que sobrecargaban las cuentas del Estado.

Incrementar el peso del Estado en la economía

Aumentar el peso del Estado también ha sido un vector de la política de gasto del Gobierno de Sánchez. No sólo ha inoculado recursos en entidades e instituciones que parecían abocadas a desaparecer, también ha inoculado recursos millonarios en empresas públicas como Navantia o Correos; ha tomado participaciones relevantes con un coste agregado de más de 5.000 millones de euros en empresas identificadas como estratégicas como Indra, Telefónica, Talgo o Duro Felguera a través de su holding público, Sepi; y en los últimos días ha destinado 13.300 millones de fondos europeos a reforzar el capital del ICO para convertirlo en un banco público de pleno derecho.

Una parte no irrelevante de los 17.000 millones de euros más que se han gastado entre 2021 y 2025 en Defensa han acabado recayendo en empresas públicas o estatales, de lo que resulta esta estrategia. Además, el gabinete de Sánchez ha gastado nada menos que 19.000 millones de euros más desde 2020 para apuntalar la estructura del Gobierno y la Administración del Estado a través de gastos de personal y gasto corriente.

El apostar por el gasto público y el papel secundario otorgado a la consolidación fiscal han pasado factura en forma de gastos financieros. La absoluta ausencia de urgencia para reducir la deuda pública por debajo del 100% del PIB, pese a las advertencias de la Comisión, analistas privados y la Autoridad Fiscal, se ha traducido en un gasto extra por este concepto de 18.000 millones de euros.

La hermana pobre de esta avalancha de gasto público ha sido la inversión. De los 280.000 millones de euros de ingresos fiscales -restando los 170.000 millones de aportaciones que pagarán las pensiones- que han engordado las arcas públicas desde 2021 hasta la fecha, las inversiones sólo se han llevado 12.578 millones de euros, un porcentaje inferior al que se ha gastado en subvenciones, gastos de funcionamiento o gastos financieros. Sanidad, Educación y Cultura tampoco han salido mucho mejor parados, ya que sólo han recibido un extra de menos de 10.000 millones en este periodo.