El TC valora añadir ayudas millonarias vetadas por Moncloa a la ley de Movilidad
El Gobierno podría verse obligado por los tribunales a incluir en su Ley de Movilidad Sostenible una paquete de ayuda millonariocompensaciones e incentivos fiscales que la mesa del Congreso logró bloquear a finales del año pasado a petición del Ejecutivo cuando ya habían … ha sido aprobado por mayoría por el Senado, en una maniobra que el Grupo Parlamentario Popular, impulsor de ambas iniciativas, decidió llevar a la Justicia. El Tribunal Constitucional ha determinado que al menos hay materia de análisis y ha admitido a trámite los recursos populares que, de aprobarse, obligarían al Ejecutivo a asumir el coste de una serie de ayudas cuyo importe se estima en cientos de millones de euros.
En concreto, las enmiendas populares exigían que el Gobierno, por un lado, previera una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el desarrollo de una red de infraestructuras de puntos de recarga en zonas no consideradas estratégicas (principalmente la España vacía) y para la renovación de la flota de transporte de mercancías y pasajeros con el fin de facilitar su descarbonización, por un importe que se estimaba en 310 millones de euros.
El Gobierno bloqueó un plan de ayudas al transporte y a la instalación de puntos de recarga por valor de 310 millones
Por otra parte, el derecho a compensación a favor de los contratistas afectados por los costes adicionales que podrían derivarse de la entrada en vigor de las disposiciones previstas en la ley de Movilidad Sostenible, una demanda histórica de los contratistas estatales que a menudo ven reducidos sus márgenes de rentabilidad por decisiones que se toman con su contrato ya en curso y que aumentan sus costes de forma discrecional.
El Gobierno apeló a la prerrogativa que tiene de vetar enmiendas que suponen un elevado coste presupuestario para instar a la Mesa del Congreso a bloquear estas enmiendas populares, aunque llegaron con el aval del Senado, donde los populares gozan de mayoría absoluta, y pese al informe favorable de la mesa del Senado, que en su informe sostuvo que no existía jurisprudencia Constitucional que permitiera vetar estas enmiendas. El Tribunal Constitucional deberá ahora resolver el conflicto entre órganos constitucionales para determinar si estas disposiciones se reincorporan o no a la ley de Movilidad Sostenible.
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