así castigará Grecia a las ONG que faciliten la entrada de inmigrantes
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El pasado jueves, el Parlamento griego aprobó una controvertida ley que introduce penas de hasta 10 años de prisión para los miembros de ONG que faciliten la entrada irregular de inmigrantes por mar o tierra.
El nuevo reglamento fue aprobado con los votos de los diputados oficialistas Nueva democracia (ND), del primer ministro Kyriakos Mitsotakislo que se ha aprovechado de la mayoría conservadora que mantiene en el Consejo de los Helenos.
Durante su intervención en el pleno, el Ministro de Inmigración, Thanos PlevrisSostuvo que las penas deberían ser más severas cuando la persona involucrada aparece en el registro nacional de ONG.
En su opinión, quien participa en programas financiados por el propio ministerio asume una mayor responsabilidad y, por tanto, debe estar sujeto a un marco sancionador más estricto en caso de realizar actividades relacionadas con la facilitación de entradas irregulares.
Durante el debate parlamentario, el responsable de la cartera dedicada a Migraciones llegó a pedir «sanciones más severas» para los miembros de ONG que facilitan la entrada de inmigrantes en situación irregular al territorio.
«Si el traficante, este asesino que ha secuestrado y transportado inmigrantes, está inscrito en una ONG en el registro nacional, se le impondrán sanciones más severas», afirmó durante el debate previo a la votación.
Además, entre las medidas que ha impuesto el gobierno liderado por Mitsotakis, se encuentra una límite máximo de financiación estatal de estas organizaciones30% del presupuesto operativo de cada organización.
La aprobación de esta ley responde a la decisión de un tribunal de la isla griega de Lesbos, que decidió hace tres semanas absolver a 24 voluntarios y activistas de la ONG Emergency Rescue Center International (ERCI), que durante siete años se enfrentaban a acusaciones de trata de personas.
Asimismo, la medida se adopta en un contexto marcado por un creciente malestar social por la constante llegada de inmigrantes a distintos países europeos, en paralelo a un giro de las políticas comunitarias que apuesta por reforzar los controles y endurecer las condiciones de entrada a territorio europeo.
La reforma también establece que la acusación, aunque aún no exista condena firme, de un miembro de una ONG por este delito será suficiente para que se El Estado puede excluir a la organización del Registro. ONG del Ministerio de Migración.
Esta expulsión supone de facto poner fin a toda actividad legal de esta organización, ya que es una condición imprescindible para que estas entidades de la sociedad civil puedan llevar a cabo cualquier acción en territorio griego.
La izquierda, la crítica
Las formaciones de izquierda de la oposición reprocharon al Ejecutivo adoptar un enfoque que calificaron de «ultraderecha» en materia de inmigración y le acusaron de poner en el punto de mira a la sociedad civil que presta asistencia a los inmigrantes.
Para los partidos de izquierda griegos, esta ley sólo tiene dos pilares como objetivo: perseguir a los inmigrantes y amenazar a aquellos trabajadores de ONG que intenten ayudarles a entrar en el país.
Los socialdemócratas del PASOK, principal fuerza de oposición, denunciaron al Gobierno por estar «legislando una amenaza de persecución» contra organizaciones no gubernamentales, al considerar que la nueva norma las coloca bajo sospecha permanente.
Por su parte, Sokratis Famelos, presidente del izquierdista SyrizaCriticó que la administración liderada por Mitsotakis sólo pretende seguir la política estadounidense de donald triunfo«que dio rienda suelta al asesinato y al terror», en referencia a las acciones del ICE en Minneapolis.
Los defensores de esta normativa sostienen que la prioridad es proteger las fronteras y contener la llegada de inmigrantes ilegales a un país que ha estado en primera línea de la crisis migratoria. Afirman que el endurecimiento de las penas limitará la llegada de irregulares a las costas griegas.
Sin embargo, ONG y activistas advierten que la amenaza de cárcel y fuertes multas puede disuadir la asistencia humanitaria básica, dejando a los migrantes aún más vulnerables.
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