En España, según el último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC) del pasado verano, hay un total de 34.000 kilómetros de la red de carreteras española que requieren una intervención urgente. A saber, El 52% de las carreteras españolas tienen pavimentos con deficiencias graves o muy graves que deberá resolverse en el plazo máximo de un año.

Lo que no todo el mundo sabe es que existe un principio de responsabilidad financiera de la Administración recogido en el artículo 106.2 de la Constitución Española y desarrollado en la Ley 40/2015. Es decir, si se produce un accidente o cualquier otro daño por mal funcionamiento de los servicios públicos, se puede pedir una indemnización. Por supuesto, bajo ciertas condiciones:

1. Los daños deben ser reales y económicamente evaluables.. Es decir, tiene una llanta reventada, una llanta doblada, una suspensión rota o una lesión médica documentada.
2. Debe existir una relación directa entre el defecto de la carretera y el accidente.. No es suficiente que usted diga que había un bache y que pasó por encima de él con su automóvil. Es necesario identificar el daño y poder demostrar que fue la causa del accidente.
3. El conductor no puede tener la culpa.. Si iba demasiado rápido, distraído o con neumáticos en mal estado, la Administración puede alegar negligencia contributiva y directamente reducir o rechazar la solicitud.

«No todos los daños generan responsabilidad. Si el bache es visible y evitable, incluso había señalización, pueden argumentar que el conductor debe tener mucho cuidado”, explica Soraya.

El contexto de ese incidente también es importante. No es lo mismo un daño en la carretera (un socavón profundo, una alcantarilla colapsada, una barandilla rota) que algo causado por una situación concreta, como las lluvias y fuertes vientos de las últimas semanas. Si se produce una situación de fuerza mayor, es muy probable que no se acepte la reclamación..