La legislatura venezolana aprueba finalmente la Ley de Amnistía a los disidentes políticos
La Asamblea Nacional (AN) sancionó este jueves finalmente la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática cuya demora había comenzado a generar inquietud dentro y fuera de Venezuela. El oficialismo y la oposición terminaron por alzar juntos sus manos y la «presidenta encargada», Delcy Rodríguez, tiene ahora en sus manos la potestad para promulgar la norma de inmediato. Una vez que entre en vigencia debería acelerarse la excarcelación de disidentes- El beneficio alcanza a antimaduristas que se encuentran bajo resguardo o exiliados. No es un dato menor que la aprobación tuviera lugar apenas horas después de la visita a Caracas del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan,. El militar vino a supervisar el cumplimiento de la «hoja de ruta» fijada por Washington tras el descabezamiento de Nicolás Maduro y que incluye además del negocio energético la «reconciliación» de las partes enfrentadas. La Amnistía es el instrumento consensuado.
[–>[–>[–>Jorge Rodríguez, la principal autoridad parlamentaria y hermano de la mandataria provisional remarcó que la amnistía es un «perdón». Y remarcó: «ojalá que esa disposición que hemos demostrado sea auspicio de un nuevo tiempo político que debe transitar el país». Rodríguez no descartó la disconformidad de «sectores extremistas» que buscan la división de la sociedad, aún después de los sucesos del 3 de enero que derivaron en el secuestro de Maduro por parte de un comando especial de Estados Unidos. «Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República. Pero también se aprende de los dolores».
[–> [–>[–>La amnistía comprende 13 hechos que tuvieron lugar entre 1999, cuando comenzó la era de Hugo Chávez, y el presente: más de un cuarto de siglo. Entre los episodios más relevantes se encuentran los relacionados con la tentativa de golpe de Estado de 2002, la huelga petrolera del mismo año, las manifestaciones que tuvieron lugar en el marco del referendo revocatorio presidencial de 2004, las protestas de 2007 y 2009. Los años de Maduro en el poder estuvieron marcados por numerosos picos de tensión, comprendidos en la normativa: las elecciones de 2013, la impugnación de los resultados en 2014 y los momentos de intensificación del conflicto político en 2017, con su pico de más de 100 muertes. Se añaden los hechos derivados de la autoproclamación de Juan Guaidó como «presidente encarado», en 2019, y las manifestaciones en contra de la reelección de Maduro, a fines de julio de 2024, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentara las actas que acreditaban el triunfo. La AN dejó abierta la puerta para que una comisión especial evalúe hechos que no fueron incluidos. El oficialismo presionó para que no fuera incluida en la amnistía el supuesto intento de magnicidio contra Maduro, en 2018.
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Aspectos polémicos
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La iniciativa pudo llegar a buen puerto después de complejas negociaciones entre el Gobierno y la oposición, aunque no todos los adversarios del Palacio de Miraflores se quedaron por completo conformes. Los militares presos, unos 174, no han sido alcanzados por el beneficio porque los tribunales han considerado que cometieron el delito de rebelión. Pero es el artículo noveno que promete polémicas porque alude a los delitos exentos de la amnistía como la «facilitación y el financiamiento» de «acciones armadas contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial por parte de Estados o corporaciones extranjeras». A ningún analista le pasó inadvertido ese párrafo: pareció dedicado a María Corina Machado y su partido de derechas, Vente Venezuela. La ley no contempla la restitución de bienes incautados ni la revocación de inhabilitaciones políticas. Tampoco el levantamiento de sanciones impuestas a medios de comunicación. La normativa solo alcanzará a quienes “hayan cesado en la ejecución de los hechos constitutivos de delito”, una condición que podría dejar afuera a quienes continúan su activismo desde el extranjero.
[–>[–>[–>Uno de los puntos de mayor discordia, y que puso en peligro el consenso mínimo previo, estuvo relacionado con el artículo séptimo. El Partido Socialista Unido (PSUV) mantuvo que los presos políticos deben ponerse a derecho. Se estableció no obstante la posibilidad de que quienes se encuentren en el exterior en carácter de exiliados o puedan ser representados por un abogado que solicite el beneficio. Mientras se realiza el trámite, el solicitante no puede ser apresado.
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También se logró en medio de las negociaciones que los amnistiados se incorporen a la vida pública. El proceso que llevó a las mutuas concesiones tuvo como trasfondo las protestas de los familiares de los detenidos por razones políticas que incluyeron hasta huelgas de hambre. Hasta el momento fueron excarceladas 444 personas y se estima que hay 600 personas todavía detrás de las rejas. “La ley no es perfecta, pero es un avance para la reconciliación de Venezuela. Mitigará el sufrimiento de venezolanos. Votamos a favor del artículo por estar comprometidos con los presos políticos, pero se trata de que los beneficiarios deberían tener un tratamiento preferente y no imponerles trámites innecesarios”, dijo la diputada opositora Nora Bracho.
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