Una vaporosa medida de 13 puntos impulsada por el presidente en funciones Delcy Rodriguez que, según la versión edulcorada del chavismo, nació con la vocación de «mejorar la convivencia democrática» en el momento más delicado para la estabilidad del régimen desde que llegó al poder hace 27 años.

La nueva legislación excluye de la aplicación de la amnistía Delitos que implican violaciones graves de los derechos humanos.lesa humanidad, homicidio doloso, lesiones muy graves, tráfico de estupefacientes, así como los delitos previstos en la ley contra la corrupción.

Asimismo, establece la exclusión de las personas que estén o puedan ser procesadas o condenadas por «promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial» de Venezuela por parte de «Estados, corporaciones o personas extranjeras».

De esta manera, la ley deja a los exiliados políticos en el limbo. Una trampa dirigida principalmente contra líderes como María Corina Machado cualquiera Leopoldo Lópezpara quien el gobierno mantiene acusaciones de «promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza».

La ley pasó su primera lectura el 5 de febrero. Así que hubo unanimidad. Sin embargo, en la segunda lectura, los diputados del partido gobernante se enfrentaron con los de la pequeña minoría de la oposición por la contenido del artículo 7 de la leylo que limita el alcance del perdón. El procesamiento del texto estuvo detenido durante una semana.

Los diputados aprobaron otorgar amnistía por actos o «errores cometidos» durante distintos episodios de crisis política ocurridos entre 2002 y 2025, como la Golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003 y las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024.

Además, un comisión especial compuesta por 23 diputados -entre opositores y chavistas- que desarrollará e implementará «mecanismos» para asegurar el cumplimiento de la ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en el Boletín Oficial. Los parlamentarios podrán contar con el asesoramiento de expertos.

En el artículo 7, tema de diferencias entre parlamentarios y cuyo debate fue pospuesto la semana pasada, se establece que las personas debe comparecer ante el tribunal para solicitar la amnistía y permite a quienes no se encuentran en el país realizar el trámite a través de un representante legal.

Mientras tanto, en el artículo 11 Se indica que el tribunal competente verificará las condiciones de la amnistía en cada caso y decretará la nulidad de todos los procesos en curso o la revisión de las sentencias firmes para que sean anuladas mediante una «sentencia sustitutiva», en un plazo «que no excederá los 15 días continuos».

La legislación también establece que las personas beneficiadas por esta ley que cometan delitos después de la entrada en vigor de la amnistía serán procesadas normalmente de conformidad con la legislación.

Esta propuesta de amnistía es parte de la «nuevo momento político» anunciado por Rodríguez, quien asumió el Ejecutivo tras la captura del presidente Nicolás Maduro durante el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal cuenta 644 presos políticos en el paístras más de 400 liberaciones en medio de un proceso iniciado el 8 de enero por el Gobierno encargado.