La expansión de las energías renovables en nuestro país ha supuesto el sacrificio de espacios y paisajes naturales para mayor gloria de la supuesta alarma climática, en un proceso en el que Los signos de corrupción son cada vez más evidentes. y eso se ha visto con especial intensidad en algunas regiones como Aragón.

Ahora, uno de estos casos está bajo la lupa de la Justicia y ya hay imputados dentro del ministerio que dirigía. Teresa Ribera: el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado a dos funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como investigados por la autorización de la planta solar fotovoltaica TAGUS, proyectada en Alcántara (Cáceres), al ver indicios de una supuesta delito de prevaricación administrativa.

Los mencionados son los Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez Palenquey el subdirector Eugenio Domínguezsegún informó la organización conservacionista Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), que presentó la denuncia.

La investigación judicial se centra en la Declaración de Impacto Ambiental Favorable (DIA) emitido en 2023 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el proyecto impulsado por Iberenova Promociones SAU, filial de Iberdrola.

La planta fotovoltaica TAGUS prevé una potencia instalada de 379,97 megavatios pico (MWp) y está situado en el municipio de Alcántara, dentro del Zona de Especial Protección para las Aves (SPA) ‘Llanos de Alcántara y Brozas’, integrada en la Red Natura 2000 y Reserva Internacional de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo, reconocida por la UNESCO en 2016. En su denuncia, Fondnex cuestiona la legalidad de la EIA al considerar que el proyecto está ubicado en un «espacio especialmente protegido».

El informe sobre Medio Ambiente «crítico»

El tribunal, encabezado por el juez José Luis Peinado, solicitó el informe a la Fiscalía Ambiental. El Ministerio Público ha emitido un dictamen «crítico» con la tramitación ambiental del proyecto y apoya «sustancialmente« los argumentos presentados en la denuncia.

Según las conclusiones fiscales, la implantación de la planta presentaría «discrepancias» con el Plan Director de la Red Ecológica Europea Natura 2000 en Extremadura, que establece que se ubicarán preferentemente las instalaciones industriales de producción de energía fuera de áreas protegidas.

El informe sostiene también que la alternativa elegida para la construcción de la planta, basada en criterios económicos, técnicos y sociales, podría ser incompatible con el Directiva de hábitats 92/43/CEE y con el Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

Portugal tampoco fue informado, a pesar de estar en la frontera

La Fiscalía ve también «una posible vulneración de la normativa sobre evaluación ambiental» al no haber sido comunicado el proyecto al Gobierno de Portugal, pese a su carácter fronterizo, como exige la Ley 21/2013 de evaluación ambiental y el Directiva 2014/52/UE en casos con potencial impacto transfronterizo.

En su informe, la Fiscalía advierte de que el desarrollo de grandes instalaciones fotovoltaicas implica «transformaciones significativas del paisaje«, con pérdida o deterioro de hábitats naturales, fragmentación del territorio y reducción de la conectividad ecológica.

Según el dictamen, estas condiciones podrían impactar especies protegidas presentes en el área, como el Águila imperial ibérica, buitre negro, cigüeña negra o lince ibérico.