La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias ha acordado Apertura de información reservada a cuatro mandos del Cuerpo General de la Policía de Canarias tras conocer su citación a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria por ser objeto de una investigación por acoso laboral a un agente de la misma organización. Se trata de una medida interna previa a cualquier acción disciplinaria, que tiene como objetivo esclarecer los hechos y recabar datos antes de adoptar nuevas decisiones definitivas.

La denuncia que dio origen al juicio fue presentado por un agente del propio cuerpo y aunque no se han desvelado más detalles sobre su contenido, la Dirección General ha subrayado que, con la información disponible hasta el momento y con el objetivo de preservar tanto la investigación como los derechos de las partes, se adoptarán medidas organizativas preventivas.

Transferencia de los cuatro mandos a otras unidades.

El departamento que dirige la política de seguridad regional ordenará el traslado temporal de los cuatro comandantes a otras unidades y se garantizará que no coincidan en los mismos turnos o espacios de trabajo con el denunciante, a fin de evitar cualquier situación que pueda afectar el normal curso de la investigación o la convivencia profesional dentro de la fuerza.

Tal y como informa la conselleria autonómica en nota de prensa, las citaciones judiciales fueron recibidas el 10 de febrero en el correo electrónico oficial del Cuerpo General de la Policía de Canarias y, por su contenido, fueron trasladadas al sector de Asuntos Internos que, tres días después, el 13 de febrero, propuso la apertura de información reservada para analizar el alcance de los hechos.

Se buscan pruebas para decidir si se abre o no el caso

La apertura de información confidencial es un paso común en este tipo de procedimientos internos en la administración pública. Se trata de una fase preliminar encaminada a determinar si existen pruebas suficientes para iniciar un proceso disciplinario formal o si, por el contrario, los hechos no son sancionables administrativamente, independientemente de lo que pueda resolverse por la vía judicial.

El Gobierno de Canarias ha indicado que, En caso de que los hechos denunciados ocurrieran durante la prestación del servicio, se explorará la posibilidad de comparecer ante los tribunales. Esto permitiría a la administración autonómica defender sus intereses institucionales y tomar las medidas que considere oportunas en función de la evolución del expediente.

La Dirección General de Seguridad de Canarias insiste en que actuará con prudencia y rigor, respetando la presunción de inocencia personas investigadas, garantizando al mismo tiempo la protección del denunciante y la transparencia del proceso. El desarrollo del procedimiento judicial ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria marcará los próximos pasos, tanto en el ámbito penal como en el administrativo. Por el momento no se conoce más información ya que la investigación es confidencial.

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