Promesa constitucional incumplida: democracia en el trabajo
Holm-Detlev Köhler es catedrático de Sociología en la Universidad de Oviedo
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En estos días se celebran actos de homenaje a la actual Constitución de 1978, la más longeva de la historia de España. Es la norma fundamental de casi 50 años de libertad y democracia con la integración europea y el Estado de bienestar como procesos clave de su desarrollo. Sin embargo, lo que pasa desapercibido es la presentación de un informe de un grupo internacional de expertos coordinada por la profesora Isabelle Ferreras de la Universidad de Lovaina/Bélgica y con participación asturiana, el profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo Sergio González Begega, sobre la democratización en el trabajo según el artículo 129.2 de la Constitución, informe encargado por la Vicepresidenta Segunda y el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz. Este artículo define un objetivo claro para la España democrática, dar voz y propiedad a las personas trabajadoras en España:
[–>[–>[–>«Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción».
[–> [–>[–>La idea de partida está en que una democracia que otorga los derechos de representación y participación ciudadana a los ámbitos públicos y políticos pero mantiene un régimen autocrático en el ámbito laboral, ámbito de decisiones claves para la calidad de vida de las personas, queda coja e incompleta. Es más, personas que viven gran parte de su vida bajo el dominio del patrón suelen ser vulnerables para propuestas autoritarias en general mientras personas involucradas en una cultura de participación democrática en todos los ámbitos de su vida forman un fundamento sólido para una sociedad democrática sostenida.
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Este informe propone instrumentos legislativos y de políticas públicas innovadores, éticos, económicamente viables y con base histórica, con el fin de que puedan ser fácilmente aplicables por las distintas regiones y comunidades autónomas del país para cumplir con el objetivo de llevar la democracia real a todas las esferas de la vida y del trabajo. A diferencia de muchos países europeos en España los derechos de participación se limitan principalmente al derecho de información y consulta de los comités de la empresa y de las secciones sindicales sin una participación efectiva en las decisiones estratégicas de la gobernanza corporativa (cogestión) y sin una participación en los órganos de gestión.
[–>[–>[–>Esta estrategia para la democratización de las empresas propone un nuevo pacto social para una economía española más innovadora, justa y sostenible. Al recompensar la cooperación, la inteligencia colectiva y la resiliencia, España podría convertirse en un modelo en Europa para una transición económica justa que beneficie a todos. Una iniciativa legislativa que establezca la representación de las personas que trabajan en los consejos de administración de las empresas podría alinear a España con sus homólogos europeos del centro y norte, servir como palanca para mejorar la innovación, la productividad y la cohesión social, y generar respuestas eficaces a los desafíos complejos e interrelacionados a los que España se enfrenta en la actualidad
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El Informe identifica nueve problemas contemporáneos para los que una aplicación más sólida del artículo 129.2 podría ofrecer soluciones, y en torno a los cuales orienta su investigación: sucesión de las pymes, competitividad, gobernanza de la inteligencia artificial (IA), resiliencia territorial, trabajo informal y cadena de valor, sociedad civil, pobreza y desigualdad, democracia y el planeta (cambio climático). Problemas actuales de gran envergadura como la sucesión de miles de pequeñas y medianas empresas, muchas de carácter familiar, y la implementación masiva de la gestión algorítmica con inteligencia artificial requieren una urgente modernización de las relaciones laborales para garantizar la competitividad de las empresas, la calidad del empleo y la soberanía económica. Una venta masiva a fondos internacionales de inversión, en cambio, pondría en peligro la sostenibilidad social, económica y ambiental y la cohesión territorial de la economía española y europea.
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[–>Dada la amplitud y la profundidad del impacto de la IA tanto en el contenido y la organización del trabajo como en los propios trabajadores, pero sobre todo dada su velocidad de difusión, el Informe señala que este es uno de los ámbitos de aplicación más urgentes del artículo 129.2. La participación en las empresas mediante la interacción con la IA como un socio estratégico de representación laboral, y garantizando que la experiencia individual de los trabajadores se tenga en cuenta en la creación de una estrategia de IA específica para cada empresa, puede ayudar a prevenir abusos y usos indebidos. El Informe concluyó que una iniciativa legislativa en aplicación del artículo 129.2 que amplíe la participación y la propiedad de quienes trabajan en las empresas, incluyendo, entre otras cuestiones, la representación en los consejos de administración, podría servir de palanca para mejorar la innovación, la productividad y la cohesión social, al tiempo que ayudaría a dar respuesta a las presiones medioambientales.
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El informe presenta una serie de propuestas concretas normativas para la democratización de las empresas, tales como una ley que fomenta la participación de las personas trabajadoras a través de órganos de representación (comités y sindicatos), la participación en los órganos de gobierno de la empresa (cogestión), la participación en la propiedad de la empresa y medidas fiscales para estimular la democracia en la empresa. En concreto propone un modelo en el que los trabajadores ocupan un tercio de los puestos en los consejos de administración de empresas con 50 o más empleados, y que en corporaciones más grandes alcanza la codecisión (es decir, la paridad). Sugiere un nuevo derecho legal para que los trabajadores consientan la IA mediante el veto colectivo sobre el diseño y la implementación de tecnologías de IA en el trabajo. Finalmente, propone que se cierre la brecha de propiedad exigiendo a todas las empresas que abran un porcentaje de su capital a los trabajadores.
[–>[–>[–>Para acelerar esta transición, el grupo de expertos desarrolló el Índice de Desarrollo Democrático Corporativo. Mediante un sistema de incentivos fiscales de tipo «bonus/malus», las empresas que alcanzan altos estándares de gobernanza democrática pueden ser recompensadas con tasas impositivas corporativas más bajas y prioridad en la contratación pública. Por el contrario, las empresas que mantienen modelos arcaicos y de alta fricción asumirían los costos sociales y ambientales que actualmente externalizan al Estado.
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Sin democracia en el trabajo, la democracia queda coja, vulnerable e incompleta y corre peligro de populismos autoritarios, desafección y erosión institucional. La participación en el trabajo fortalece además la participación pública y cívica de la ciudadanía y es un recurso fundamental contra la crisis actual de la democracia. Hay cinco requisitos previos para la participación cívica y política que están relacionados con el trabajo: independencia económica, tiempo libre, autoestima, flexibilidad creativa y espíritu de cooperación. Las investigaciones han demostrado que la ausencia de estos requisitos en el mundo laboral, especialmente cuando se correlaciona con altos niveles de vigilancia y falta de autonomía en el lugar de trabajo, puede conducir al desinterés político y a la falta de confianza, incluso en la propia voz cívica, e incluso a una tendencia cuantificable a desconfiar de las instituciones democráticas y sociales en favor de posturas políticas autoritarias. La promesa constitucional de ciudadanía a través de la igualdad de voz, la participación y una distribución justa de los recursos, los derechos y las responsabilidades en la esfera pública contradice directamente las realidades vividas en la mayoría de los lugares de trabajo, que se caracterizan por la subordinación y la ausencia de estas prácticas. El Informe sostiene que una aplicación más amplia del artículo 129.2 tiene el potencial de crear ciclos virtuosos de participación dentro y fuera del lugar de trabajo que podrían ayudar a reforzar la confianza y la participación en la vida democrática y cívica de España.
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La Constitución española, de forma más amplia en su Preámbulo y Título preliminar, y luego de forma explícita en la Parte VII, el artículo 129.2, contiene un mandato claro de intervenir a favor del acceso de las personas trabajadoras a la voz y la propiedad. Dada la naturaleza sistémica de estos retos, el Ministerio de Trabajo tiene motivos para identificar y defender soluciones sistémicas, incluidas intervenciones políticas y legislación programática para dar voz a quienes trabajan en las decisiones estratégicas de sus empresas, garantizar un futuro económico más equilibrado y equitativo, y permitir que España sea un modelo para otros países que buscan construir economías más resilientes y justas que sirvan mejor a sus ciudadanos. La mejor manera de conmemorar la Constitución no es homenajearla sino cumplirla.
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El informe está disponible en inglés y español en www.ReportonDemocracyatWork.org.
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