Para algunos socios del Gobierno, este movimiento del Ejecutivo de desclasificar los archivos del 23-F se quedan cortos. Quieren que se apruebe una nueva ley de secretos oficiales que sustituya a la actual, aprobada en tiempos de Franco. Uno que también aclararía varias incógnitas de nuestra historia.

Por ejemplo, del asesinato de Carrero BlancoOcurrido el 20 de diciembre de 1973, conocemos la historia oficial sobre este atentado de ETA que cambió la historia de España: «Un cráter en la carretera de unos 8 metros de diámetro y cuatro metros de profundidad». «Esta línea en la pared sirvió a los asesinos como señal de referencia para activar el dispositivo automático en el preciso momento en que el coche se colocaba sobre la carga explosiva», explicaron en su momento.

Ahora, Es posible que falten datos clasificados clave.. «Unos meses antes del asesinato, Argala, el etarra que dirigía el comando que puso la bomba, se reunió con una persona misteriosa, que no sabemos quién es, que le dio información de los movimientos del carrero», comentó Pedro García Cuartango, periodista de ‘ABC’, este lunes en Al Rojo Vivo. Información crucial sin la cual hubiera sido difícil llevar a cabo un ataque de ese nivel técnico.

El secuestro, tortura y asesinato a manos de los GAL de etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala obligaron a desclasificar documentos oficiales para el procedimiento judicial que se inició en los años 90. Sin embargo, un porcentaje de esos documentos aún no se han desbloqueado del CESID, el actual CNI.

«Les pido, por enésima vez, que se cambie la ley de Secretos Oficiales», pidió en 2025 Aitor Esteban, actual presidente del PNV. Una ley preconstitucional, modificada en varias ocasiones, que podría cerrar incógnitas abiertas desde hace décadas.

«Queremos saber, por ejemplo, Si los servicios secretos españoles intervinieron en el asesinato del padre Ellacuría en El Salvador«, señaló Antonio Rubio, periodista de ‘El Confidencial, en Al Rojo Vivo este lunes.

Según el periodista, la CIA y el ex CESID español habrían tenido información sobre los planes para atentar contra el jesuita, asesinado en 1989. Tres de los casos que podrían verse favorecidos si se aprobara una nueva ley sobre secretos oficiales.

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