DESCLASIFICACIÓN DEL 23-F | Sánchez apura los gestos a sus socios en migración o secretos oficiales a golpe de real decreto
El Gobierno sigue explotando la vía ejecutiva para redoblar los guiños a sus socios y lanzar golpes de efecto. Esto es, a través de reales decretos aprobados en el Consejo de Ministros sin necesidad de pasar por el Congreso. El instrumento utilizado el pasado 27 de enero para iniciar el proceso de regularización extraordinaria de migrantes pactada con Podemos, ante la paralización parlamentaria de la iniciativa legislativa popular (ILP) en esta línea, se volverá a utilizar este martes para desclasificar los documentos secretos sobre el intento de golpe de Estado del 23-F. Una histórica reivindicación de los grupos que facilitaron la investidura de Pedro Sánchez.
[–>[–>[–>La ley de secretos oficiales comprometida con el PNV está atascada en el Congreso y el Gobierno ha optado por lanzar este simbólico gesto coincidiendo con el 45 aniversario del 23-F. La prioridad de los nacionalistas vascos es que salga adelante la ley de información clasificada para sustituir la actual norma franquista de 1968, pero ante la falta de avances apuntan a que se abone esta vía para desclasificar otro tipo de documentos. “Si el Gobierno español no tiene intención de negociar con los grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma legislativa, le pedimos que con la misma voluntad política que ha mostrado hoy desclasifique muchos más documentos declarados secretos”, señalaban este lunes fuentes del grupo parlamentario del PNV.
[–> [–>[–>Los jeltzales apuntan, en línea similar a EH Bildu, a sucesos como “el asesinato de Mikel Zabalza, los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz, los sanfermines de 1978 o el atentado del bar Aldana”. Hasta ahora habían presionado desde la lógica de que “si el Consejo de Ministros tiene autoridad para clasificar documentos secretos, lo tiene también para desclasificarlos”.
[–>[–>[–>
La debilidad parlamentaria ha llevado a Pedro Sánchez a reivindicar algunas ocasiones la acción propia del “poder ejecutivo”, como con el plan de defensa. De cara a este año 2026, incluso se pidió a los ministros un ejercicio para explorar medidas sociales de sus respectivos departamentos que pudieran salir adelante sin tener que pasar por el trámite parlamentario.
[–>[–>[–>El Ejecutivo recurrió igualmente al real decreto para sacar adelante algunos de los compromisos pendientes con Junts antes de final de año. Decretos económicos para aumentar el margen de gasto en entidades locales y provinciales de cara a poder realizar más inversiones o ampliar los plazos para promover la digitalización en procesos de facturación, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas. Por otra parte, el pasado 3 de febrero se aprobó otro real decreto para crear una partida con ayudas dirigidas a los propietarios de inmuebles ante posibles impagos en caso de arrendamiento a jóvenes y familias vulnerables.
[–>[–>[–>
La falta de Presupuestos ha hecho que el Gobierno recurra a acuerdos de modificaciones presupuestarias aprobados en Consejo de Ministros, sorteando así el veto de sus socios al aumento del gasto en Defensa. Asimismo, ha encajado a través de este instrumento parte de las medidas que ha tumbado el Congreso, como ocurrió el pasado verano con el decreto para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón.
[–>[–>
[–>Vetos cruzados
[–>[–>[–>
Otra de las bazas del Gobierno para sacar adelante medidas comprometidas con sus socios son las comisiones mixtas de transferencias, cuyos acuerdos saltan al BOE a través de reales decretos. El pasado 15 de enero se acordó con el Gobierno vasco el traspaso de las competencias relativas a las prestaciones de la Seguridad Social por desempleo, de cuidado familiar, salvamento marítimo, seguro escolar y el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo. Ahora se está negociando otro paquete, en el que la competencia más compleja a la que se busca encaje es la de la gestión de aeropuertos.
[–>[–>[–>
El Gobierno va tratando de atar así a sus socios y encajar las piezas en un contexto en el que a la debilidad parlamentaria se suman los vetos cruzados entre algunos de estos grupos, por su competencia electoral. De hecho, los negociadores del Ejecutivo asumen el papel de “bisagra” en negociaciones como la reforma de ley mordaza o la relativa a la delegación de competencias en inmigración a Cataluña, comprometida con Junts.
[–>[–>[–>El veto de los cuatro diputados morados a la ley pactada entre PSOE y Junts hizo que la norma decayese al sumarse al rechazo de PP y Vox. A cambio de que Podemos reconsiderase su voto en contra y se abriese a buscar un punto de encuentro, el Gobierno pactó con la formación de izquierdas la regularización exprés de hasta medio millón de migrantes. El intercambio de papeles que ya ha comenzado. Sin embargo, la dificultad no radica solo en que los de Ione Belarra quieren eliminar las referencias que consideran “racistas” tanto del preámbulo como del articulado, sino que en el PSOE reconocen su falta de interlocución con los posconvergentes.
[–>[–>[–>
Suscríbete para seguir leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí