este Directiva (UE) 2016/2102 Es una parte clave de la legislación europea que tiene como objetivo democratizar el mundo digital. Básicamente, requiere que los sitios web y las aplicaciones móviles del sector público sean más accesibles e inclusivos para las personas mayores y/o las personas con discapacidad (visual, auditiva, motora o cognitiva). Esto afecta a organizaciones de derechos públicos o asociaciones públicas como administraciones estatales, regionales y locales, universidades u hospitales públicos.

La brecha digital es un problema grave en Europa

de acuerdo a Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los hogares. 2024Los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas el 14 de noviembre de 2024 muestran que el 95,8% de la población de 16 a 74 años ha utilizado Internet en un trimestre. Sin embargo, el estudio del INE refleja un claro descenso progresivo a partir de los 65 años. Esto se debe a la brecha digital estructural de España. La situación en Europa es similar y afecta también a las personas con discapacidad.

En los últimos informes nacionales de seguimiento presentados por los estados miembros a la Comisión Europea para el periodo 2022-2024 se muestra: Más del 90% de los sitios web públicos fallan Sobre cuestiones de accesibilidad digital. ¿Como? Plantear un error en al menos uno de los cuatro principios básicos del estándar WCAG. Dicho esto, muchos cumplen con la ley, pero esto no representa una verdadera garantía de disponibilidad.

4 principios básicos para la accesibilidad digital de su sitio web o aplicación

Para cumplir con la legislación europea, los portales online deben seguir cuatro principios básicos basados ​​en las directrices WCAG:

• este perceptibilidad: La información y otros elementos deben ser accesibles a todos los usuarios. Por ejemplo, mediante texto alternativo para imágenes.
• este Operabilidad– Todos los componentes de la interfaz deben estar disponibles. Por ejemplo, sólo puedes utilizar el teclado para navegar.
• este comprensibilidad: La información y operaciones de la página deben ser sencillas y fáciles de entender.
• este Robustez– El contenido debe ser interpretable a través de tecnología de asistencia. Por ejemplo, lectores de pantalla.

En los informes nacionales que cada Estado miembro debe presentar a la Comisión Europea deberá indicar evidencia concreta de su cumplimiento Cumple con la Directiva (UE) 2016/2102. Los gobiernos deben monitorear periódicamente el cumplimiento de los portales públicos y presentar informes. Cada sitio web o aplicación debe tener una página que explique qué partes son inaccesibles y por qué, y debe haber un canal para que los usuarios informen problemas de accesibilidad o soliciten información sobre exclusiones.

El cumplimiento de la ley tampoco garantiza la disponibilidad.

La startup Bleta, especializada en ofrecer tecnología accesible para personas mayores, explica que ni siquiera los sitios web públicos que cumplen con la normativa de la UE ofrecen Verdadera accesibilidad digital. «Los informes oficiales indican que los niveles de incumplimiento siguen siendo elevados», afirmó la consejera delegada de la compañía, Isabel García, en un comunicado compartido con ADSLZone. «A medida que la regulación se expande al sector privado, las organizaciones deben revisar sus estructuras, procesos y lenguaje si quieren reducir el riesgo regulatorio».

En este esfuerzo, existen ayudas digitales que pueden ayudar al sector público a abordar esta cuestión. Por ejemplo, gran sistema de conexiónimplementado por Bleta, se utiliza actualmente en 13 ciudades españolas, como Cassà de la Serva, Begues, Vidreres y Cabrera de Mar. Este servicio permite a los gobiernos locales comunicarse con las personas mayores de una forma directa, sencilla y adaptable. De esta forma, las comunidades de personas mayores pueden obtener notificaciones e información sobre las actividades y servicios municipales a través de sus teléfonos móviles.

Gerard Pinar, director operativo de Bleta, señaló que a través de su sistema los ciudadanos pueden realizar trámites con mayor facilidad, independientemente de que tengan problemas para entender el mundo digital. Esto significa que, además de un mejor cumplimiento, pueden reducir las quejas, los costes y la pérdida de confianza entre estos usuarios. Directiva (UE) 2016/2102.