La Comisión Europea ha enviado un serio aviso a España tras detectar un incumplimiento de una de sus normativas. El 30 de enero, Bruselas anunció el paquete de procedimientos de infracción y señaló que España no está cumpliendo la normativa comunitaria en materia de préstamos hipotecarios.

La organización afirma que la legislación española no cumple con la Directiva 2014/17/UE sobre créditos inmobiliariosal no garantizar plenamente la competencia ni la protección del consumidor en el mercado financiero.

Tras iniciar el procedimiento sancionador, la Comisión Europea ha dado a España una plazo de modificación de este reglamento antes de llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿En qué consiste la Directiva 2014/17/UE?

La Directiva 2014/17/UE es la normativa europea que regula el crédito inmobiliario con los consumidores. Estas son las normas básicas para la obtención de préstamos hipotecarios para viviendas, y tienen como objetivo proteger al consumidor y crear un mercado hipotecario único y más eficiente.

En este sentido, España no cumple actualmente las normas establecidas a nivel europeo, lo que ha provocado el envío de un carta de citación por la Comisión Europea. Desde Bruselas señalan que España presenta una serie de irregularidades respecto a la ley.

¿Qué está incumpliendo España?

Por un lado, las regulaciones europeas exigen que todos los prestamistas de la UE tener acceso a las bases de datos de solvencia del país donde operanalgo que España no ha transpuesto adecuadamente. Con ello, España dificulta que entidades de otros países puedan ofrecer préstamos hipotecarios en nuestro territorio, afectando a la competencia y reduciendo las opciones de los ciudadanos españoles.

Además, la Directiva exige que los intermediarios de crédito están supervisados ​​por el Estado miembro de origen. El país de acogida, en este caso España, sólo puede realizar determinadas funciones para que los trabajadores puedan realizar operaciones en otros estados de la UE, algo que no se cumple en este momento.

España tiene dos meses para cambiar la normativa

Una vez formalizado el procedimiento sancionador, España tiene 60 días para modificar su normativa en esta materia. Si pasados ​​esos dos meses España no hace ningún cambio, la Comisión Europea podría emitir un dictamen motivadoes decir, un documento legal formal que explica en detalle las razones para exigir a un Estado miembro que corrija una infracción antes de acudir al Tribunal de Justicia.

Si la situación continúa igual, la Comisión Europea podría interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE lo que supondría una sanción económica para España.