En un piso de alquiler en un municipio cercano a Madrid, Rafael Ortega, un magistrado venezolano exiliado. En su país dictó sentencias, pero en España encadenó trabajos para salir adelante.

Explica que formó parte de las protestas contra el régimen chavista junto con sus estudiantes, pero la represión fue tan dura que mató a dos de ellos. Rafael fue nombrado magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Venezuelapero cuando supo que la policía del régimen los perseguía decidió reunir a su familia y abandonar el país.

Lo hicieron «sin maletas y sin nada», sólo con «dos bolsos con una muda de ropa cada uno» y «sin poder tocar los bancos ni sacar dinero». Rafael llega a España después de que la fiscalía colombiana le dijera que o se iba de allí con su familia «o le secuestran a uno de sus hijos y se lo entregan desmenuzado en una caja de zapatos».

Al llegar a Madrid se dirigieron a un centro de acogida de la Cruz Roja en Vallecas. Siete años después de todo aquello, Rafael sigue esperando la homologación de sus títulos. No puede ejercer como abogado o profesor.

En este momento trabaja como conserje en una comunidad de vecinosun trabajo que dice que al principio fue «bastante difícil», pero que intenta hacer «lo mejor posible». Sin embargo, cuando cierra la meta su jornada aún no ha terminado, pues aún le quedan unas horas más como repartidor de comida a domicilio.

Con unos ingresos modestos y doble jornada, el magistrado ha conseguido abrir un pequeño negocio familiar, una pizzería regentada por su mujer y su hijo.

Pese a todo, Rafael quiere regresar a Venezuela «con todas las ganas de ejercer el cargo para el cual fui legítimamente juradoporque Venezuela es un país que no merece lo que está pasando, ni lo que tiene allí».

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