Esta reforma, que afecta dos millones de estudiantes en prácticas incluye sanciones que pueden superar los 225.000 euros en el caso de infracciones muy graves. «La norma expulsa la precariedad de los jóvenes», afirmó el también vicepresidente segundo, tras subrayar que los becarios constituyen «una fuga del mercado laboral» y una «auténtica distorsión». Ha explica que el 22% de este grupo tiene más de 50 años, «lo que refleja claramente los abusos».

Fue en noviembre de 2023 cuando Díaz llegó a un acuerdo con los sindicatos y cuando la norma también inició un largo camino. Primero chocó con desacuerdos internos dentro de la coalición, y siempre con la oposición tanto de empresas como de rectores de universidades. La reforma otorga más derechos a los becarios y exige a las empresas compensar los gastos derivados de la actividad formativa, los de “viaje, alojamiento o manutención”. También limita el número de becarios que pueden tener las empresas, que no puede superar el 20% de la plantilla. La excepción serían las Pymes, que podrán tener dos pasantes sin considerar este porcentaje.

Recorte de horas

Trabajo sostiene que el objetivo de los cambios es acabar con los falsos becarios, becarios que realizan el mismo trabajo que un trabajador, pero sin recibir el salario correspondiente. Por tanto, además de desplegar nuevos derechos, el proyecto pone límites a las prácticas en las empresas. Estudios curriculares, que son los realizados durante los estudios oficiales de grado, máster o doctorado, No podrán exceder del 25% de las horas especificadas en los créditos de cada titulación. Y las prácticas extracurriculares, aquellas que no forman parte del plan de estudios, que también se desarrollan durante estudios oficiales de grado, máster o doctorado, no podrán exceder del 15% de las horas especificadas en los créditos de la titulación ni superar las 480 horas.

También se establecen otras normas, como un programa de formación y un tutor quien es responsable del seguimiento de los pasantes de la empresa, así como un máximo de pasantes, que no puede exceder el 20% de la plantilla. Y para garantizar su cumplimiento, la ley prevé sanciones que, en el caso de las muy graves, oscilan entre los 7.500 euros y los 225.000 euros. Son infracciones muy graves las referidas a discriminación por razón de edad, discapacidad, sexo, raza o etnia, entre otras.