El valor nominal medio de las hipotecas solicitadas en nuestro país fue, según el comparador, de 208.000 euros en enero. Sin embargo, según un análisis sectorial de Tecnotramit, entre un 20 y un 30% de los solicitantes de hipotecas en determinadas entidades bancarias no superan las fases de evaluación inicial.

Una de las principales conclusiones del análisis es que las entidades han reforzado sus filtros a la hora de conceder financiación aplicando criterios más conservadores. Al comprar una vivienda es necesario disponer de al menos el 20% del valor para el pago inicial, pero también debes sumar entre un 10 y un 12% para pagar impuestos y gastos asociados.

«Para una vivienda media de 300.000 euros, esto supone tener aproximadamente 120.000 euros de ahorro previo, una barrera difícil de superar para buena parte de los hogares», destacan. Además, otro de los motivos que influyen es la fuerte demanda que está experimentando el mercado.

Criterios más conservadores para acceder a una hipoteca

Por tanto, entre estos criterios más conservadores, los bancos miran la mayor estabilidad laboral, el ratio de endeudamiento previo, el nivel de ahorro previo o la trazabilidad documental. Todo requiere un expediente cuidadosamente elaborado desde el principio, que acaba en una negativa en las fases iniciales del estudio.

Desde esta empresa incluso señalan que “operaciones que habrían sido viables hace cinco años permanecen ahora en fases preliminares”. Ahora se presta más atención a los contratos laborales temporales, los periodos de desempleo o los niveles de endeudamiento.

¿Y si eres funcionario?

Pero, además, dos perfiles similares pueden tener valoraciones opuestas. Otra creencia muy extendida en la sociedad es que ser funcionario facilita las cosas.

En realidad, no es el criterio que abre la puerta a la financiación, como explica Andrea Elegido, directora de Investigación y portavoz de Wypo. Si el mercado evoluciona, la banca se adapta y si exige más esfuerzo por el precio de la vivienda, el estudio también es más amplio.

En el caso de los empleados públicos, no es el empleador sino el riesgo personal de esa persona. Por ejemplo, un funcionario de carrera no recibe el mismo trato que uno interino. «La diferencia no está en el puesto, sino en la duración y fortaleza de la relación laboral», advierten desde Wypo.

Esto afecta a los médicos, a las fuerzas de seguridad del Estado -que pueden considerarse un riesgo y pueden influir en los seguros de vida- o entre los profesionales porque las condiciones de un profesor de secundaria y de un profesor universitario no son las mismas.

Sin embargo, los profesionales del sector público suelen estar entre los preferidos por su salario y estabilidad.