Ante esta situación, el Gobierno ya se ha puesto manos a la obra pidiendo a sus distintos departamentos que preparen medidas por si tiene que acudir en ayuda de los distintos sectores o de la ciudadanía si los precios se disparan. Y hemos escuchado al ministro de Economía, Carlos Body, y a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hablar de cómo están preparados para reiniciar las medidas anticrisis que se aplicaron tras la invasión rusa a Ucrania y cuyo coste estimó el presidente Sánchez en 45.000 millones.

Es cierto que parece que los mercados y agentes económicos se están acostumbrando a esta continua incertidumbre y que su volatilidad no es tan exagerada como la de aquellos momentos. Los mercados bursátiles han caído, pero mucho menos que hace cuatro años, al comienzo de la guerra de Ucrania. El petróleo y el gas han aumentado sus precios, pero sin llegar a esos niveles. Y parece que hoy el impacto puede ser más limitado.

También es cierto que en un principio la que más se beneficia del aumento de precios es la Hacienda Pública, que recauda mucho más de esos impuestos ligados al consumo, como el IVA o los impuestos especiales. Pero eso no significa que si la guerra finalmente se prolonga y el Gobierno tiene que implementar medidas de ayuda, nos enfrentaremos a un nuevo gasto extra de miles de millones de euros para lo cual tengo mis dudas de que estemos preparados, porque no hemos hecho los deberes.

El Gobierno se jacta día tras día de lo bien que va nuestra economía. Y es cierto que, al menos en gran medida, le está yendo mucho mejor que a la mayoría de nuestros vecinos europeos, especialmente los países grandes. Pero también es cierto que esas ‘vacas gordas’ no se han aprovechado para ahorrar y generar un colchón que nos diera ahora más margen de acción sin tener que poner en riesgo nuestra estabilidad y nuestras cuentas.

El pasado lunes, la todavía presidenta de la Airef, Cristina Herrero, alertaba de esta situación en una entrevista en ABC: «Hemos vivido una sucesión de sobresaltos y el contexto internacional es lo suficientemente incierto como para pensar que pueden seguir produciéndose. Esto nos obliga a generar márgenes fiscales para tener capacidad de reacción cuando venga una crisis», aseguró, algo que sinceramente no se ha hecho. El aumento de ingresos no se ha utilizado para reducir deuda, sino para gastar más. Prueba de ello es que la reducción de deuda ha sido consecuencia no de un recorte absoluto de las cifras, sino de que el PIB ha aumentado más que el pasivo y eso nos ha permitido reducir el peso de nuestra deuda sobre el PIB.

En este entorno, son muchos los economistas, entre ellos Cristina Herrero, o el director de Fedea, Ángel de la Fuente, que advierten sobre los problemas que tendría en las cuentas del Estado transferir 20.000 millones a las autonomías, sin ningún tipo de condicionalidad, como pretende hacer el Gobierno con el nuevo sistema de financiación autonómica. Gracias a Dios parece que tiene pocas posibilidades de seguir adelante.