La tormenta desatada por las salidas millonarias de José María Álvarez-Pallete (44,5 millones) y Ángel Vilá (33,8 millones) ha obligado a Telefónica a reescribir las reglas del juego retributivo a medida que avanzaba El mundo.

El operador llevará a su junta general del próximo 26 de marzo una nueva política retributiva que, de aprobarse, impondrá límites más estrictos a las indemnizaciones por despido y eliminará la posibilidad de acumular indemnizaciones y un plan de ahorro.

La reforma llega después de que la factura total de despidos en 2025 alcance los 90 millones de euros, una cifra que ha generado críticas por parte del Gobierno, de los fondos de inversión internacionales y de los principales asesores de voto.

El escándalo no se trataba sólo de números. También estaba en forma. Tanto Álvarez-Pallete como Vilá vieron cómo sus liquidaciones se incrementaban no sólo con las cuatro anualidades contractuales de sus respectivos sueldos, sino con un apartado adicional denominado «plan ejecutivo de seguridad social», un paquete de instrumentos de ahorro -seguros, planes de pensiones- que aportaba 13 millones al pago del expresidente y 9,6 millones al exjefe de operaciones. Una fórmula legal, sí, pero que dejó dañada la imagen de gobierno corporativo de la empresa.

A esos dos grandes cheques hay que sumar otros 12,3 millones repartidos entre altos directivos también despedidos en 2025, entre ellos Eduardo Navarro (Asuntos Corporativos), Juan Francisco Gallego (Auditoría Interna) y Mark Evans (Estrategia).

En total, la factura por el cambio de guardia impulsado por el Gobierno a través de la SEPI ascendió a casi 90 millones de euros, suficiente para financiar varios años de dividendos a los pequeños accionistas.

Nueva política retributiva

La respuesta de la compañía se materializa en una nueva política retributiva que entrará en vigor en 2027. La medida estrella es la incompatibilidad entre la indemnización por extinción de contrato y cualquier derecho económico derivado del plan de seguridad social de los directivos. En términos prácticos: quien cobre la indemnización no podrá retirar simultáneamente los fondos acumulados en ese plan de ahorro, la partida que más infló los asentamientos de Pallete y Vilá.

Otro cambio relevante afecta al número de anualidades garantizadas en caso de despido unilateral por parte de la empresa. El nuevo contrato del presidente Marc Murtra incluye sólo dos años de salario fijo como retribución máxima, frente a los cuatro años contemplados en contratos anteriores. Una rebaja del 50% que, con el salario fijo de Murtra fijado en 1,93 millones de euros -el mismo que recibía Álvarez-Pallete desde 2016-, situaría su potencial liquidación en unos 3,86 millones antes de la parte variable.

Sin embargo, la reforma no cierra todas las puertas. Emilio Gayo, el consejero delegado designado en 2025 en sustitución de Vilá, mantiene un antiguo contrato que reconoce cuatro anualidades por cese. Con un salario fijo de 1,45 millones de euros -150.000 euros menos que su antecesor- y la aplicación del anterior esquema retributivo, un eventual despido del número dos podría generar una factura cercana a los 20 millones de euros, un escenario que la nueva política no puede desactivar del todo a corto plazo.