En particular, el impacto de la guerra ha vuelto a poner su mirada en la industria española, tanto en los grandes consumidores de electricidad como de gas. Todas estas empresas han estado expuestas a oscilaciones energéticas y aumentos de precios. De momento, a la espera de que la Administración tome medidas, el sector asume que el camino debería ser similar en algunos casos al que se hizo en 2022.

Según explicó a este periódico el director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE)Pedro González, la clave de todo es la fiscalidad. Una situación que trasciende lo que piden otros sectores productivos en lugar de bonos directos, que suelen ser más complicados de gestionar.

En la anterior crisis hubo una reducción del 80% en los peajes aplicados en la factura eléctrica a los consumidores electrointensivos. Se trata de una medida esencial que supondría un ahorro de costes muy considerable para las grandes industrias. Asimismo, González recuerda que el precio de la factura energética subirá si la situación en Oriente Medio se enquista, y eso provocará un efecto dominó.

Por un lado, el gas como tecnología térmica será más caro y eso afectará a las industrias. intensivo en gas. Del mismo modo, un alto coste del gas hace subir el precio de la electricidad ya que el sistema marginalista sigue dando una importancia capital a esta materia prima.

En este sentido, las reducciones realizadas en los impuestos a la generación eléctrica también supusieron una vía de escape, ya que estas tarifas son repercutidas por las compañías eléctricas a sus clientes, en este caso las industrias.

Según AEGE, será necesario un paquete de ayuda ya que hay muchas empresas que siguen expuestas al pool energético diario. Hay industrias que apenas tienen cubierto el 10% de su energía para lo que queda del año y, por tanto, deben comprar en régimen ‘spot’ (mercado diario). La asociación explica que no es falta de planificación, sino que acceder a contratos de larga duración en muchos casos resulta complicado.

Fórmula de revisión de contrato

En el caso del transporte por carretera, la preocupación es la misma tanto en el tramo de viajeros como en el de mercancías. En cuanto al camión, el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ya ha enviado una solicitud al Ministerio de Transportes para revisar temporalmente la fórmula utilizada para actualizar el precio de los contratos de transporte por carretera y adaptarla a la evolución de los costes del combustible.

En concreto, el sector solicita que el gasóleo tenga un peso de hasta el 40% en la estructura de costes de una empresa de transporte de vehículos pesados ​​dentro del cálculo de revisión de contrato que el camión puede trasladar a las empresas cargadoras cuando el valor del combustible varía un 5%.

La petición, que proviene de asociaciones como CETM o Astic, se exige bajo la premisa del golpe que un aumento continuado del precio del combustible supondría para la «viabilidad» de miles de empresas, «especialmente pymes y autónomos que operan con márgenes muy ajustados», teniendo en cuenta que el gasóleo representa un tercio de los costes operativos de las firmas del sector. Junto a esta iniciativa, también se consideran «imprescindibles» otras medidas «fiscales, financieras, laborales e incluso temporales de compensación», como ya se aplicaron en 2022 tras el estallido de la guerra en Ucrania.

A falta de detalles sobre estas últimas medidas, la CNTC se reunirá mañana para establecer las solicitudes concretas que serán trasladadas al Ministerio de Transportes. Sobre la mesa podrían estar las bonificaciones directas al diésel de hasta 20 céntimos por litro que el Gobierno activó hace cuatro años tras la invasión rusa.

El autobús también pide un plan de choque para evitar un derramamiento de sangre. En este sentido, la principal asociación del sector, ConfebusYa ha solicitado al Gobierno que ponga en marcha un plan de contingencia, que incluya bonificaciones en los impuestos energéticos.