Los psicólogos avalan que los padres de la «casa de los horrores» están capacitados para recuperar a sus hijos y que no los maltrataron
La segunda jornada del juicio por el caso de la llamada “casa de los horrores” de Fitoria dejó este miércoles un giro favorable para la defensa de los procesados, un alemán de 53 años y una estadounidense de 48 acusados de mantener encerrados durante casi cuatro años a sus tres hijos menores en este chalé de Oviedo. Los peritos que declararon en la Audiencia Provincial coincidieron en descartar enfermedades mentales graves en los progenitores y en negar que los niños hayan sufrido maltrato por parte de los padres, situando el foco en las secuelas que les ha provocado a los pequeños el aislamiento, el «evidente retraso educativo» que presentan por no haber estado escolarizados y la necesidad de una intervención «asistencial y progresiva» de psicólogos, psiquiatras y servicios sociales para que puedan volver con sus padres y recomponer así la vida familiar.
[–>[–>[–>El mensaje central de los expertos fue claro. Julio Bobes, el catedrático de psiquiatría que evaluó a los padres ya estando en prisión provisional, sostuvo antes de entrar en la vista que los acusados “no tienen trastorno mental grave”. Según explicó, la clave está en que los dos pasaron el covid en dos ocasiones y arrastran todavía secuelas del llamado covid persistente —como pérdida de olfato, alteración del gusto, torpeza, enlentecimiento y falta de iniciativa—, algo que, unido al miedo a un nuevo contagio, fue llevándolos a aislarse cada vez más. A partir de ahí, según relató, una cosa fue llevando a la otra: el aislamiento les impidió normalizar su situación en España, no llegaron a empadronarse ni a regularizar del todo la vida de la familia y esa situación “se les hizo bola”, alimentando a su vez el temor a que apareciera la policía o surgieran problemas legales, como explico el letrado que defiende a la madre de los niños, Javier Muñoz.
[–> [–>[–>[–>[–>[–>Bobes añadió además que lo que había en la casa no era un síndrome de Diógenes en sentido estricto, sino un problema de acumulación secundario relacionado sobre todo con el encierro y con la gran cantidad de pedidos que recibían a domicilio: más que basura orgánica sin retirar, lo que se acumulaba eran cajas y embalajes de compras que iban dejando para tirar después.
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El psiquiatra, que declaró como perito, insistió en que el problema principal está en los niños. A su juicio, los tres menores arrastran “un retraso del desarrollo” y un importante desfase social y académico por haber pasado años sin escolarización reglada y aislados del exterior. “Lo más importante es que los niños normalicen la vida cuanto antes”, dijo. También defendió que la relación con los padres debe restablecerse de forma progresiva porque “es esencial que los niños no pierdan de vista las figuras paternas”.
[–>[–>[–>Capaces de recuperar a sus hijos
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El psiquiatra fue tajante al rechazar que se trate de padres incapaces de ejercer como tales. “Por lo que he visto hasta ahora están capacitados para educar a sus hijos con ayuda asistencial”, afirma. Bobes no aprecia en el matrimonio “deficiencias ni de capacidad intelectual ni enfermedad mental grave” y recalcó que no son padres enfermos que puedan poner en riesgo a sus hijos por un trastorno severo. Su planteamiento se aleja así de una lectura estrictamente penal del caso y se acerca a la tesis de la defensa, que habla de un problema psicosocial y asistencial.
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En una conversación posterior con LA NUEVA ESPAÑA, Bobes abundó en algunos detalles de la vida cotidiana de la familia en Fitoria. Relató que el padre teletrabajaba durante todo el día buscando directivos para empresas, una actividad que, según dijo, le permitía mantener ingresos desde casa. La madre asumía más directamente el cuidado diario de los menores y buena parte de su enseñanza en inglés. Según el psiquiatra, los niños hablaban inglés y también algo de alemán, pero muy poco castellano. La familia compraba todo a domicilio, desde la comida hasta juguetes, y evitaba salir. El padre, explicó, sí salía por las noches a tirar la basura, una vez acostado el hijo mayor, aunque el resto de residuos y cajas se acumulaban en la vivienda por el ritmo de compras y por ese temor constante a exponerse al exterior.
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[–>Protección
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Bobes también incidió en que, según el relato de los padres, actuaban convencidos de que estaban protegiendo a sus hijos. Dijo que esperaban “normalizar” su vida en España cuando mejorara su situación y recordó incluso que tenían previsto escolarizar al mayor en un centro ovetense vinculado al British Council. El especialista sostuvo que la madre se muestra especialmente afectada en prisión, “muy emocionada” y “muy afectuosa”, y resumió el drama familiar en una frase: “Lo más importante es qué vamos a hacer con estos niños”. En ese sentido, consideró muy insuficiente que actualmente solo puedan hablar por teléfono con sus padres “los viernes” durante un breve espacio de tiempo.
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La línea marcada por Bobes fue refrendada por el médico forense José Antonio Sánchez Moro, que examinó tanto a los padres como a los menores y este miércoles también declaró en el juicio. En declaraciones al término de la sesión, aseguró que los niños “están bien” y que no presentan “ninguna alteración física de ningún tipo”. Fue aún más lejos: “No han tenido maltrato, ni han tenido nada”, afirmó. Desde el punto de vista psíquico o psiquiátrico, sostuvo que tampoco aprecia patología, más allá del retraso derivado de haber pasado más de tres años recluidos con sus progenitores en el chalé.
[–>[–>[–>El forense confirmó además que los niños «quieren a sus padres, los echan de menos y desean volver con ellos». Explicó que actualmente van al colegio y que están recuperando normalidad. A su entender, la mejor vía para avanzar en esa recuperación es la convivencia progresiva y la reunificación familiar. “En sitios separados nunca se van a socializar”, sostuvo, subrayando que esa premisa vale incluso en supuestos de verdadero maltrato, que a su juicio no es el caso. También rebajó de forma clara la imagen de la vivienda que se trasladó en un primer momento al negar que aquello pudiera equipararse a una auténtica “casa de los horrores”. Según indicó, era un chalé grande, con acumulación de objetos, pero sin la suciedad extrema que se llegó a sugerir.
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Defensa reforzada
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Con estas periciales sobre la mesa, la defensa salió reforzada de la vista. Los abogados se mostraron “contentísimos” y aseguraron que tanto el psiquiatra de parte como el forense han venido a confirmar lo que sostienen desde el principio: que “no existe casa de los horrores”, que no hay perfil maltratador en los acusados ni perfil de niños maltratados en los menores, y que este procedimiento nunca debió acabar en la jurisdicción penal. Según su versión, la prueba practicada demuestra que hubo un autoconfinamiento derivado del miedo al covid, del covid persistente, de la dificultad para empadronarse y de una forma de ser “muy rigorista”, no una voluntad criminal de dañar a los hijos.
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La defensa también puso el foco en la evolución actual de los menores. Sostiene que los niños están mejor, juegan, se comportan conforme a su edad y avanzan en su recuperación social y educativa, aunque mantienen déficits y dificultades con el idioma. Por eso insiste en que el camino correcto pasa por una “reconciliación familiar progresiva”, con participación activa de los padres y supervisión de los servicios sociales y de los especialistas. En esa misma línea enmarcan el apoyo de los abuelos, que declararon por videoconferencia y, según los letrados, están volcados con sus nietos y dispuestos a ayudar.
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Sobre el estado de la vivienda, los abogados volvieron a denunciar exageraciones. Admiten que había acumulación de objetos y desorden, pero rechazan la imagen extrema que se difundió tras la intervención policial. Aseguran que también había zonas ordenadas y sostienen que el desorden doméstico, por sí solo, no constituye delito.
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La jornada, prevista en principio para escuchar también a los padres, se alargó más de lo esperado y obligó a posponer su declaración a este jueves. Los dos acusados comparecerán finalmente con ayuda de traductor, en una sesión en la que también está citada la psicóloga que estuvo presente en la declaración inicial de los menores. Después llegarán los informes finales del fiscal, de la representación del Principado y de las defensas, en un día clave para un juicio en el que, tras lo escuchado este miércoles, el debate penal empieza a mezclarse cada vez más con una pregunta asistencial de fondo: cómo reparar el retraso de tres niños aislados durante años sin romper definitivamente el vínculo con sus padres.
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