El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha resuelto la gestión de la expectativa general de medidas que el propio Gobierno ha alimentado asegurando que se está trabajando en la redacción de un texto «que queremos cerrar lo antes posible, en los próximos días», pero evitando expresamente confirmar si éste irá al próximo Consejo de Ministros, como había asegurado unas horas antes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

También ha asegurado que esta primera aproximación a los impactos de la guerra de Irán será quirúrgica y selectiva. Ha descartado por el momento adoptar medidas como una rebaja general del IVA, tal y como ha solicitado el presidente de Mercadona, Juan Roig, entre otros; o una bonificación general en el precio del combustible como los famosos 20 céntimos que se activaron en 2022, y se ha adelantado que la primera respuesta del Gobierno, se apruebe cuando se apruebe, estará centrada en aliviar la situación de sectores concretos como el transporte o el campo y proteger situaciones de especial vulnerabilidad. Sobre este último punto no fue concreto, pero sí recordó medidas que ya fueron aprobadas en el contexto de la guerra de Ucrania, como la prohibición de suspender el suministro o incluso el bono social.

«Será una respuesta proporcional y limitada. Todavía estamos lejos de la situación de 2022», ha afirmado el ministro de Economía, quien ha insistido en que la prioridad será abordar el impacto en los sectores del transporte por carretera y agrícola para evitar una transmisión del aumento de los precios de los combustibles al conjunto de la economía, esos efectos de segunda vuelta que disparan la inflación, suelen consolidarse y luego son muy difíciles de revertir.

Organismo ha asegurado que el Gobierno ha tomado nota de los mensajes que le han enviado los agentes sociales sobre medidas como la bonificación de 20 céntimos al combustible, que los propietarios de las estaciones de servicio no quieren ni ver y que los sindicatos también descartan porque entienden que servía más para garantizar los márgenes de las grandes distribuidoras que para abaratar el precio del combustible. Al Gobierno tampoco le convence su fenomenal coste fiscal.

La ministra de Economía ha admitido, en relación con este asunto, que el hecho de que no exista un marco especial para las ayudas de Estado o una suspensión de las reglas fiscales como ocurrió en 2022 les obliga a ser mucho más prudentes con las medidas que proponen y por eso se están analizando en profundidad desde la perspectiva de su coste, su potencial redistributivo y su eficacia.

El Gobierno no ve razones objetivas para aprobar un gran paquete de medidas generales de protección de consumidores y empresas. Organismo ha revelado que los datos sobre afiliaciones a la Seguridad Social que han recibido hasta ayer son buenos, que no tienen constancia de que se haya producido una transmisión de las subidas de precios a la cesta de la compra y que no ven tensiones particulares ni en el precio público del gas y la electricidad ni en otros ámbitos, y que de momento las tensiones se centran en el precio de los carburantes.

La reflexión le ha ayudado a descartar algunas de las medidas que se aprobaron en 2022 y que empresarios, empresarios e incluso socios de Gobierno han solicitado en las últimas horas. A su juicio, el contexto actual no justifica una rebaja general del IVA, ni una bonificación al combustible, pero tampoco una limitación de los precios del combustible en los puntos de venta, activar la prohibición de despidos o congelar el precio de los alquileres, como se ha solicitado a Sumar.

El proceso de configuración del primer paquete de respuesta del Gobierno a la guerra de Irán ha revelado una ausencia de consenso en el planteamiento de las medidas tanto a nivel político como social. Cuerpo ha asegurado que la única herramienta que se puede utilizar para paliar el impacto del encarecimiento del combustible para transportistas y agricultores es el impuesto, cuando los sindicatos le han pedido expresamente que tenga cuidado con este tipo de medidas; y ha evitado otras medidas solicitadas por Sumar. «La respuesta del Gobierno», afirmó, «será proporcionada».