La plataforma de entrega a domicilio glovo ha anunciado el inicio de un periodo de consultas para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a un máximo de 750 repartidores en España. La medida implicará también la reducción de su actividad en más de 60 localidades repartidas en diferentes provincias.

Según confirma un portavoz de la compañía en un comunicado, se trata de un decisión «difícil«, aunque la empresa asegura que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio en el resto del país. Pese al ajuste, Glovo mantendrá sus operaciones habituales en la mayor parte del territorio nacional.

Actualmente, la aplicación sigue dando servicio en más de 800 ciudades españolas, por lo que la reducción de actividad se concentrará sólo en aquellas zonas donde el modelo sea más difícil de sostener.

La reestructuración significará la rretiro o reducción del servicio en más de 60 localidades. Desde la empresa explican que El objetivo es evitar el cierre total de la actividad en esos mercados y poder concentrar recursos en las zonas de mayor demanda.

Pese a este recorte geográfico, la compañía insiste en que seguirá trabajando para «ofrecer la mejor experiencia posible«tanto a clientes como a empresas que utilizan la plataforma para distribuir sus productos.

El impacto de la Ley Rider en el sector

Uno de los grandes puntos de fricción entre el Gobierno y las empresas del sector fue la aprobación en 2021 de la llamada Ley Rider, impulsada por el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz.

Esta regla obligó a las plataformas digitales a contratar repartidores que hasta entonces operaban principalmente como autónomos como empleados. El cambio alteró profundamente el funcionamiento de un sector que había crecido basándose en un modelo de colaboración flexible.

La ley también provocó salida de algunas empresas del mercado Español. Uno de los casos más conocidos fue el de entregaooquienes decidieron abandonar el país luego de la entrada en vigor de la normativa.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha hecho de las plataformas de reparto uno de los principales objetivos de su agenda regulatoria. Uno de los episodios más sonados ocurrió cuando Díaz anunció una multa de casi 79 millones de euros contra Glovo por la relación laboral con sus repartidores. En aquel momento, la ministra acusó a la empresa de mantener un sistema de falso autónomo.