La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propone al Gobierno que las telecos reciban una compensación económica para reforzar la red en caso de apagones como el del 28 de abril o desastres naturales como la DANA. Empresas de telecomunicaciones como Telefónica, Masorange o Vodafone tendrán que realizar inversiones conjuntas de hasta 73 millones de euros para asegurar la cobertura al 85% de la población durante al menos 4 horas.

En un informe sobre el proyecto de Real Decreto elaborado por el Ministerio para la Transformación Digital, el regulador considera que el esfuerzo que Los beneficios que afrontarán las empresas con redes de acceso móvil podrían compensarse mediante incentivos.

La CNMC reconoce que la medida «representa una carga financiera y operativa importante para los operadores con redes de acceso móvil», Por ello, se considera conveniente «establecer criterios homogéneos que modulen su impacto en los operadores».

Propone así la creación de ««Hitos temporales progresivos» para implementar este refuerzo en la redcomo la priorización de actuaciones en emplazamientos compartidos entre operadores o la aplicación de soluciones tecnológicas alternativas más económicas en determinadas zonas.

Además, abre la puerta a que las empresas reciban incentivos económicos por el esfuerzo inversor que deban realizar, en el caso de que el Ejecutivo considere que dicha obra es considerada un servicio público a la sociedad.

«En este sentido, en caso de que se determine que el los sujetos obligados llevan a cabo obligaciones de servicio público, se podría proponer una compensación económica, respetando la normativa de ayudas«dice la organización que preside Cani Fernández.

La CNMC pide ampliar el umbral a las empresas con 10 millones de ingresos

La iniciativa impulsada por la cartera que lidera Óscar López requiere el despliegue adicional de baterías o grupos electrógenos a los operadores de telecomunicaciones móviles para proporcionar cuatro horas de respaldo eléctrico y así garantizar que los ciudadanos puedan mantener el contacto

Las infraestructuras críticas, por su parte, deberán tener 24 horas de disponibilidad en caso de corte del suministro eléctrico, y el proyecto contempla un nivel intermedio de infraestructura que deberá garantizar al menos 12 horas.

En cualquier caso, los operadores con red móvil propia como Telefónica, Masorange y Vodafone serán los más afectados económicamente por nivel de inversión.

Sin embargo, otras telecos con redes de fibra como Digi o Avatel, con unos ingresos superiores a los 50 millones de euros o más de 500.000 clientes, También deben adaptarse a la norma.

Pero el regulador cree que existe una inconsistencia en los umbrales mínimos entre la nueva normativa europea de ciberseguridad (Directiva NIS2) y el proyecto de ley español que intenta transponer dicha directiva.

En este punto, la CNMC pide al Ejecutivo ampliar el alcance de la ley para que las empresas que Las facturaciones entre 10 y 50 millones también tienen que cumplir estas medidas de seguridad.evitando que exista un agujero de resiliencia en los operadores medianos.

Además, la agencia recomienda unificar los umbrales en función del volumen de negocio y no del resultado bruto de explotación (EBITDA), ya que «determina mejor la capacidad económica de una empresa».

Otro punto del borrador sobre el que el regulador ve oportuno ampliar el umbral es el de las sanciones, así como los supuestos de adopción de medidas cautelares en línea con la Ley General de Telecomunicaciones. Por ejemplo, donde puedan producirse daños graves a la seguridad pública o a los servicios de emergencia.

Respecto a los operadores móviles virtuales (OMV), aquellos que no cuentan con redes propias, Competencia insta a la Transformación Digital para garantizar que El coste repercutido a las grandes empresas de telecomunicaciones por el uso de su infraestructura es «razonable y proporcionado».

Para este tipo de operadores también se solicita garantizar por ley que sus clientes tengan exactamente la misma garantía de servicio y acceso a redes de emergencia que un cliente del operador principal.

Difícil ajuste legal para centros de datos, cables submarinos y otras infraestructuras digitales

Más allá de las telecos, la CNMC advierte que el Real Decreto podría no tener suficiente alcance regulatorio para imponer obligaciones a los centros de datos, redes de distribución de contenidos (CDN), puntos de intercambio de Internet (IXP), cables submarinos o sistemas satelitales, que el Gobierno también incluye en su escudo anti-apagones.

La iniciativa del Gobierno se basa en el artículo 63 de la Ley General de Telecomunicaciones, que no menciona las infraestructuras digitales en general fuera del marco de los operadores de telecomunicaciones.

Es por eso que Competencia advierte que aprobar obligaciones para este tipo de infraestructuras excedería el alcance de la ley y recomienda que, de incluirse a estos actores, se realiza a través de una norma con fuerza de ley o con base en otras normas como la ciberseguridad o las infraestructuras críticas.

Además, teme que esta nueva norma se convierta en una trampa burocrática debido a las definiciones de iIncidencias “significativas” de la directiva europea y la propuesta española que puede obligar a una empresa a enviar dos informes diferentes a dos autoridades diferentes con diferentes plazos y formatos.

Por ello la CNMC propone una especie de ‘ventanilla única’, es decir, si una red se cae, el operador informa sólo una vez, en un plazo de tiempo razonable y bajo criterios ya conocidos de otras leyes europeas para que la respuesta a la crisis sea efectiva.