El Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) nació con un propósito muy claro: reforzar la disciplina fiscal y mejorar la credibilidad de las cuentas públicas españolas. No es una organización ornamental ni un simple centro de estudios. Su función es mucho más delicada: evaluar las políticas fiscales, analizar los presupuestos y emitir informes que, en la práctica, implican un seguimiento técnico de las decisiones del Gobierno. Por ello, la Airef debe ser -y aparecer- plenamente independiente.

La independencia institucional no sólo se proclama en la ley que crea la organización. Se construye a través de las prácticas políticas y, sobre todo, a través del perfil de quienes lo dirigen. Si el jefe de una autoridad independiente mantiene vínculos demasiado estrechos con el poder político que debe analizar, la credibilidad del organismo se ve inevitablemente erosionada.

El Gobierno tiene una preocupante tendencia a colonizar instituciones que deberían ser autónomas, como el Banco de España con Escrivá

En este contexto, el posible nombramiento de Inés Olóndriz como presidenta de la Airef plantea dudas razonables. No se trata de cuestionar su capacidad técnica o sus conocimientos. El debate no es ese. El problema radica en el salto institucional que supondría pasar directamente de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local -con rango de Subsecretaria de Estado- a la presidencia de un organismo cuya misión es evaluar, entre otras cosas, la política fiscal del propio Gobierno. La cuestión, por tanto, es de principio institucional.

La Airef debe analizar los presupuestos generales del Estado, evaluar la sostenibilidad de la deuda pública, pronunciarse sobre el cumplimiento de las reglas fiscales y emitir informes sobre diversas medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo. Es decir, debe ejercer una función de supervisión técnica sobre las decisiones del Gobierno. Si el jefe de ese organismo proviene de una posición política de alto nivel dentro del propio Ministerio de Finanzas, la independencia del organismo puede verse comprometida, al menos en términos de percepción pública. Y en materia institucional, la percepción importa tanto como la realidad.

La economía no sólo funciona con datos, sino también con credibilidad. Los mercados, las instituciones europeas y los inversores internacionales observan atentamente la arquitectura institucional de cada país. Cuando las organizaciones independientes son verdaderamente autónomas, las señales que se envían al exterior son estabilidad y rigor. Cuando, por el contrario, se percibe una colonización política de estas organizaciones, la confianza se deteriora.

Además, en los últimos años se ha afianzado una tendencia preocupante: la de ampliar la influencia del gobierno sobre instituciones que, por diseño, deberían funcionar de forma autónoma. El caso más evidente fue el del Banco de España. El nombramiento de José Luis Escrivá como gobernador, inmediatamente después de haber sido ministro en el propio Gobierno, generó un legítimo debate sobre la independencia de la institución. No se cuestionó su carrera técnica, sino el precedente institucional que se estaba sentando, ya iniciado, en parte, con el nombramiento, años atrás, de Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Un banco central nacional, incluso dentro del sistema del Banco Central Europeo, debe mantener una clara separación del poder político. No es razonable que alguien que hasta el día anterior formaba parte del Consejo de Ministros pase a estar al frente de una institución que, entre otras funciones, debe analizar la política económica del propio Gobierno.

Ese precedente no debería reproducirse ahora en la Airef. España necesita fortalecer sus instituciones, no debilitarlas. Y eso requiere entender que las organizaciones independientes no son espacios de continuidad administrativa para cargos políticos, sino contrapesos institucionales destinados a mejorar la calidad de la política económica.

La Airef debe actuar como una voz técnica, rigurosa y creíble, por lo que su independencia debe estar fuera de toda duda

La función de la Airef resulta especialmente relevante en un momento en el que España mantiene elevados niveles de deuda pública y déficit estructural. La sostenibilidad de las cuentas públicas será uno de los grandes debates económicos de la próxima década. Y en ese debate la Airef debe actuar como voz técnica, rigurosa y creíble. Para que esa voz sea escuchada y respetada, su independencia debe estar fuera de toda duda.

La elección de su presidencia debe responder a ese criterio. Lo razonable sería nombrar a una persona con contrastada experiencia académica o técnica, pero alejada del núcleo político del actual Gobierno. Esta distancia institucional no es un obstáculo, sino precisamente la condición que garantiza la autoridad de la organización. En definitiva, la cuestión no es personal, sino institucional.

España necesita instituciones económicas sólidas, capaces de realizar análisis independientes y rigurosos. En un entorno internacional complejo, con altos niveles de deuda pública y crecientes demandas de disciplina fiscal en Europa, la credibilidad institucional se convierte en un activo económico de primer orden. Por ello, la presidencia de la Airef no puede ser ocupada por alguien que venga del Gobierno.