El Ayuntamiento de Benidorm y las empresas de la familia Murcia Puchades avanzan hacia un posible acuerdo para fijar el calendario de pagos de indemnización de 350 millones de euros derivado del conflicto urbanístico en el parque natural de Sierra Helada, disputa que se remonta a más de dos décadas.

Las propuestas manejadas por ambas partes contemplan un primer pago de unos 60 millones de euros antes de finales de 2026, según confirma el periódico el pais. Para afrontar este desembolso inicial, el Ayuntamiento prevé utilizar en gran medida el préstamo de 55 millones concedido por el Ministerio de Hacienda a través del Fondo de Impulso Económico, al que se ha sumado el municipio tras recibir el visto bueno del departamento de Estado.

El resto de la deuda estaría sujeto a un calendario de pagos a largo plazo. Según las líneas generales del planteamiento que se negocia, se abriría un periodo de gracia hasta finales de 2030 durante el cual el Ayuntamiento no tendría que amortizar el importe pendiente. A partir de 2031, el Ayuntamiento comenzaría a realizar pagos anuales para cubrir las indemnizaciones, con un límite mínimo del 8% de su presupuesto o recursos actuales cada año, con el objetivo de saldar la deuda en un plazo máximo de 30 años.

El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, ha defendido que la propuesta municipal busca cumplir la sentencia «sin subir impuestos ni recortar servicios»al tiempo que permite que el impacto económico de la condena se distribuya a lo largo de varias décadas.

Además, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorcaha trasladado el apoyo del Gobierno regional al Ayuntamiento de Benidorm para afrontar la ejecución de la sentencia. El presidente ha asegurado que la Administración autonómica facilitará «toda la ayuda que necesitas» al Consistorio para dar cumplimiento a la sentencia judicial relativa a las tierras de Sierra Helada.

Un conflicto urbano de más de 20 años

El origen del litigio se remonta a 2003, cuando el Ayuntamiento firmó un convenio con la familia Murcia Puchades para compensar el uso urbanístico de unos suelos situados en el sector APR-7. Estos terrenos dejaron de ser edificables cuando se integraron en el espacio protegido de Sierra Helada.

Después de años de litigios, los tribunales han confirmado el derecho de los propietarios a ser compensados ​​por estos derechos urbanísticos no realizados. La indemnización inicialmente fijada en 283 millones de euros ha aumentado hasta casi 350 millones

La magnitud de la sentencia sitúa al Ayuntamiento en una situación financiera compleja, ya que el importe equivale aproximadamente a tres veces su presupuesto anual.

Posible compensación con tierra.

Además del cronograma de pagos, el borrador de acuerdo contempla la posibilidad de compensar parte de los intereses entregando terrenos. El Ayuntamiento dispondría de un plazo de cinco años para identificar las parcelas edificables que podrían destinarse a este fin, incluso en el futuro desarrollo del Ensanche de Levante.

Sin embargo, el pacto aún necesita especificar varios aspectos técnicos y legales. En cualquier caso, el acuerdo final tendría que ser aprobado por el pleno municipal y posteriormente aprobado por el juez encargado de ejecutar la sentencia.

Mientras continúan las negociaciones, el Ayuntamiento trabaja en cerrar una fórmula que nos permita afrontar una de las mayores sentencias económicas derivadas de un conflicto urbanístico para un ayuntamiento en España.