Esto ilustra claramente la preocupación del sector privado en España, que ya se había visto afectado por la agresiva y errática política comercial de la segunda Administración Trump, que comenzó con amenazas, desembocó en un impuesto del 15% a las exportaciones europeas, y ahora se encuentra en un ‘impasse’ después de que el Tribunal Supremo de ese país declarara nulos buena parte de esos impuestos.

En este contexto de hostilidad internacional, no sorprende que el 52% de los directivos considere que es «urgente» que Europa avance en autonomía estratégica; el 51%, para invertir en soberanía en inteligencia artificial; y el 50%, en capacidades industriales. Y esto va ligado a la baja competitividad, un problema arraigado en la Unión Europea y que el informe Dragui ya señalaba como uno de sus principales retos, y que el 41% de los empresarios sitúa -junto con el encarecimiento de las materias primas- entre las principales consecuencias de la dependencia que la UE tiene de terceros países.

El informe se lee también en clave nacional, ya que esta inestabilidad geopolítica llega cuando la relación entre la patronal y el Gobierno no es la mejor, tras constantes subidas de las cotizaciones a la Seguridad Social y amenazas de nuevas regulaciones por parte del Ministerio de Trabajo -no siempre con el concierto del resto del Ejecutivo- que profundizan la inseguridad jurídica. Sobre esto último, el informe es claro: El 62% de los encuestados pide un marco regulatorio más estable.



«Para que las empresas españolas puedan afrontar los retos pendientes y actuar como motor de riqueza y empleo, de cambio y modernización en nuestro país, necesitamos contar con un marco que garantice un clima de confianza y certeza, moderación y estabilidad», afirma Antonio Garamendi, presidente de CEOE.

A pesar de todo, el contexto macroeconómico es favorable, y así lo revela el informe. El 73% de las empresas prevé incrementar sus ventas en 2026, el 58% invertirá más y el 45% ampliará su plantilla.