La Fiscalía ha solicitado la inadmisibilidad y el archivo de la querella interpuesta contra el juez que instruye la causa penal por el Gestión DANA de Valencia de 2024 y su marido por varios delitos, al considerar que existen «criterios sólidos que nos permiten concluir que los hechos denunciados «no alcanzan el umbral del delito penal».

La denuncia fue presentada por el abogado y Rubén Gisbert ultra agitador ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por los delitos de coacción, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir determinados delitos, y solicitó, entre otras cosas, la nulidad de la investigación.

Según ha informado este lunes la Fiscalía Provincial de Valencia, el pasado viernes la fiscal presentó el informe solicitado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV sobre esta denuncia, en la que tras la «análisis detallado» de los hechos y estudio jurisprudencial de los delitos detallados, concluye que «los elementos configuradores» de los delitos no se dan.

Este abogado, que representa a varias víctimas de la DANA, La querella solicitaba la «destitución inmediata» de la jueza Nuria Ruiz Tobarrasuspender tanto a ella como a su marido de la carrera judicial, tener una «evaluación psiquiátrica» ​​del juez y trasladar toda la investigación a la Audiencia Nacional.

En la denuncia señaló que el juez había tomado declaraciones como testigos a varios familiares de víctimas de la DANA «bajo instrucciones y asistencia» de su marido, y aportó grabaciones en las que supuestamente se escuchaba al magistrado participando «activamente» en esos interrogatorios.

La denuncia fue anunciada por Gisbert en Les Corts Valencianes el mes pasado, cuando compareció en la comisión de investigación de la DANA para explicar las actuaciones que llevó a cabo a través de su asociación ‘Sólo el pueblo salva al pueblo’, a la que grupos de la oposición acusaron de «oportunista» y dudaron de su credibilidad.

El juez Ruiz Tobarra ya acordó a principios de marzo no admitir a trámite los incidentes para recusarla y declarar la nulidad de las actuaciones presentadas por esta misma acusación particular, al considerar que se trataba de «un fraude procesal» intentar apartarla con «toda clase de argumentos burdos e inconexos» y un «memorial de agravios».

La instructora afirmó entonces que los escritos de la abogada «destilan desprecio, rencor no sólo profesional, sino también personal» y «animosidad absoluta» hacia ella, además de ser «una mezcolanza de ideas» que sitúan en «una realidad paralela, procesal y fáctica, en la que se ignoran principios básicos del orden procesal».

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