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Pradas pide al TSJCV el archivo del procedimiento de la DANA o que asuma «sin más dilación toda la causa» si investiga a Mazón

Pradas pide al TSJCV el archivo del procedimiento de la DANA o que asuma «sin más dilación toda la causa» si investiga a Mazón
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  • Publishedmarzo 16, 2026



La defensa del exministro de Justicia e Interior Salomé Pradas ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decretar la sobreseimiento gratuito de la causa penal en el Gestión DANA que se investiga en el juzgado de Catarroja y en el que ella figura como imputada.

Agrega que, si en algún caso el tribunal considera que existen indicios para investigar al expresidente de la Generalitat Carlos Mazónque el TSJCV se haga cargo «de toda la causa sin más dilación». la defensa de Emilio Arguesoexsecretario autonómico de Emergencias y segundo investigado por esta causa, quien ha pedido que si se admite la investigación contra Mazón, El TSJCV se queda con todo el caso.

En un escrito al que ha tenido acceso este lunes laSexta, la defensa de Pradas se posiciona ante la posibilidad de abrir una investigación penal contra el expresidente Mazón que el juez instructor propuso al TSJ valenciano.

El abogado de Pradas sostiene que Los hechos investigados no tienen carácter penal, sino administrativo.por lo que “se debe acordar cerrar este procedimiento lo antes posible y dirigir el fuego al área que le corresponde: el área contencioso-administrativa”.

Asimismo, subraya que «no basta con ocupar una posición de máxima responsabilidad» para atribuir responsabilidad a alguien por omisión, sino que debe tener «la posición de garantía que establece una norma y que lo que la norma establece que debe hacer es una acción que impida el daño ocurrido».

Este partido sostiene que «los hechos investigados carecen de relevancia penal» porque «la pérdida de vidas humanas, profundamente lamentable, fue consecuencia directa de un desastre natural de magnitud impredecible, cuyo rápido desarrollo anuló cualquier capacidad de reacción humana efectiva.

«Y la jurisprudencia penal, en estos casos, es clara, un fenómeno de fuerza mayor calificado por los técnicos expertos como imparable e imprevisible en sus consecuencias concretas, es fuera de la órbita penal»dice el abogado de Pradas.

Además, niega que exista una relación causal entre posibles conductas omisivas y la muerte de 230 personasya que «se rompe el nexo causal» por falta de información técnica, inacción informativa de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), irreversibilidad del riesgo, decisión unánime de envío del mensaje ES-Alerta y falta de interpretación técnica de los datos.

Argüeso pide que el TSJCV se haga cargo

Por su parte, la defensa de Argüeso ha solicitado que, si se admite la investigación contra Mazón, el TSJCV conserve la totalidad del caso. De esta forma, el TSJCV también se haría cargo de la investigación contra el propio Argüeso y Pradas. Al mismo tiempo, solicita que, una vez declarado competente, «Si el tribunal decide eso, ordene el sobreseimiento del caso».

Este partido considera que las consecuencias del fenómeno meteorológico que sufrió Valencia el 29 de octubre de 2024 «no constituyen un delito imputable a nadie», sino que Fue «una desgracia natural» «No es previsible en su dimensión real ni siquiera por quienes por obligación de su cargo y competencias debían hacerlo», en referencia a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y a la CHJ.

La defensa de Argüeso defiende «la unidad del caso por conexión», ya que «nos encontraríamos con un caso basado en una supuesta negligencia en el manejo de una emergencia, siendo que cada posible investigación no sería más que alguien que puede haber contribuido al resultado perjudicialhaciendo imposible procesar por separado a cada posible responsable.

«No sólo por el riesgo de posibles sentencias contradictorias, sino también por la necesidad de una valoración probatoria conjunta. Evidentemente, cada investigador tiene sus propios argumentos para defender su inocencia, pero hay una cuestión común a todos ellos, que es la falta de negligencia penal por parte del Gobierno de la Generalitat y esto hace, desde nuestro punto de vista, que el caso sea inextricable», añade esta defensa.

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