Él PSOE y Agregar Siguen manteniendo profundas diferencias sobre cómo gestionar la crisis inmobiliaria que vive España. Aprovechando la aprobación el próximo viernes de un decreto con medidas de apoyo económico para paliar los efectos de la guerra de IránEstas tensiones han vuelto a salir a la luz. Si bien Sumar ha vuelto a poner de relieve la necesidad de congelar todos los alquileres vencidos este añoEl PSOE, de momento, ofrece una alternativa que su socio de gobierno no acepta.

Según informó EFE, la parte socialista del Gobierno contempla la posibilidad de Limitar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres residenciales firmada antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda (26 de mayo de 2023).

Los contratos de arrendamiento anteriores a esta norma se actualizan con el IPC interanual, que en febrero se situó en el 2,3%, mientras que los posteriores se actualizan con el índice de alquileres elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en febrero subió hasta el 2,16%.

El límite extraordinario del 2% propuesto por los socialistas ya fue aprobado en 2022 -vinculado a la guerra en Ucrania- y estuvo en vigor, mediante prórrogas, durante 21 meses, hasta finales de 2023.

Desde Sumar, sin embargo, mantienen la misma postura que ya expresaron cuando el Gobierno anunció sanciones en el IRPF a los propietarios que aumenten los alquileres: Sólo aceptarán una congelación general de los alquileres.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, insistió en rueda de prensa en que la prórroga de los contratos es para ellos la «prioridad absoluta» en la negociación y la «medida central» en la que están poniendo todos sus esfuerzos.

En 2021 se firmaron 632.369 contratos que posiblemente habrá que renovar en 2026 con un mercado un 40% más caro que entonces. Los 632.369 contratos que finalizan en 2026 afectarían a más de 1,6 millones de personas. Casi 2,7 millones si sumamos a los que potencialmente acabarían contrato en 2027, según los cálculos de Sumar.

Otras medidas

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, también ha declarado que van a presionar para que el decreto incluya «Medidas habitacionales para proteger a las familias trabajadoras en España, para evitar que la crisis inmobiliaria que viven las personas trabajadoras se agrave en este contexto de subida de precios».

Sumar se ha coordinado con los socios parlamentarios de la izquierda para pedir al PSOE que incluya en el decreto la moratoria a los desahucios de familias vulnerables y sin alternativas habitacionales, derogada el pasado mes de febrero por la mayoría parlamentaria formada por el PP, Vox y Junts.

Fuentes cercanas a la negociación señalan, sin embargo, que los socialistas también se resisten a incluir esta medida en el decreto y que sólo acceden a incorporarla si sólo afecta a colectivos «súper vulnerables».