El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 lanzó esta semana una normativa sin precedentes en España, que obligará a los grandes supermercados a etiquetar en braille los alimentos que contengan braille. alérgenos o productos cosméticos y de limpieza con sustancias peligrosas.

Según el informe que acompaña al texto, se estima que existen algunas 13.339 establecimientos Españoles que estarían preocupados.

El desembolso total de la medida podría alcanzar 368,39 millones de eurosque también se destinaría a otras obligaciones como la atención personalizada a personas con discapacidad visual.

El ministro Pablo Bustinduy anunció que este es un paso preliminar para su futura aprobación, que llegará próximamente. 12 de abril. La etiqueta braille podrá pegarse sobre el propio producto o incorporarse como etiquetado adicional cuando la superficie del producto no permita su inclusión directa. Asimismo, el proyecto está abierto a observaciones y recomendaciones de organizaciones, ciudadanía y cualquier sector interesado.

Casi 90.000 personas se han beneficiado

Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), se estima que algunos 84.579 personas con discapacidad visual se beneficiaría de esta medida.

Desde la ONCE celebraron la noticia y aprovecharon para recordar que «la ausencia de un etiquetado braille o QR claramente marcado en relieve limita la autonomía de las personas, restringe su capacidad de elección y pone en peligro la seguridad y la salud, al no poner en peligro la seguridad y la salud».

Se trata de una normativa cuyo objetivo es “garantizar el derecho de las personas con discapacidad visual a recibir información clara y comprensible sobre los productos que adquieren, y protegerlos”.

Asimismo, las ventas online no están exentas de implementación, ya que deberán incorporar la posibilidad de solicitar que los productos adquiridos sean entregados con la correspondiente etiqueta en idioma braille.

La Dirección General de Consumo y la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad fueron las encargadas de desarrollar la norma en colaboración con la ONCE y el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI).

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