nace el made in UE
Durante décadas, la Unión Europea ha sido el alumno aventajado de un mundo que ya no existe. Es un hecho objetivo que mientras Bruselas predicaba las bondades del libre mercado y la apertura económica, otros países sacaban provecho de ello. Pero quizás algo está empezando a cambiar. Y no me refiero al polémico y reciente discurso de la presidenta de la Comisión, probablemente más denostado que leído.
[–>[–>[–>Entre el cinismo y la ingenuidad es posible encontrar un término medio. Un espacio en el que seamos capaces de seguir defendiendo nuestros principios, y actuando conforme a ellos, sin que por ello cerremos los ojos al mundo que nos rodea. Un espacio en el que defender legítimamente nuestros intereses y establecer relaciones bajo el principio de reciprocidad. Y eso es precisamente lo que contribuye a edificar la nueva Ley de Aceleración Industrial, con cuya presentación por parte de la Comisión el pasado 4 de marzo, Europa parece haber despertado de un largo letargo romántico para abrazar, por fin, el realismo geopolítico. Es, en muchos sentidos, el fin de la inocencia, pero para dar paso a algo mucho más constructivo.
[–> [–>[–>Por esa razón, no debemos interpretar la propuesta de la Comisión como un paquete más de incentivos, sino como una nueva política industrial adaptada a los nuevos tiempos. Inspirada en las recomendaciones del Informe Draghi, esta ley no busca el aislamiento, sino la autonomía estratégica. Al centrarse en tecnologías limpias —desde bombas de calor hasta energía eólica—, Europa intenta asegurar que la transición ecológica no sea una transferencia masiva de capital hacia nuestros principales competidores, sino el motor de su propia reindustrialización.
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Como uno de los elementos más destacados de esta nueva actitud la UE introduce, por primera vez, el requisito «Made in EU» y criterios de sostenibilidad y resiliencia en la contratación pública y las subastas de energías renovables. Ya no bastará con ser el más barato; para acceder al dinero del contribuyente europeo, habrá que demostrar que se crea valor, empleo y tecnología dentro de las fronteras de la Unión.
[–>[–>[–>El objetivo es ambicioso: que la industria manufacturera pase de representar el 14,3% actual al 20% del PIB europeo para 2035. Para lograrlo, la ley se apoya en tres ejes estratégicos.
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En primer lugar, se da prioridad al producto europeo en la contratación pública y la concesión de subvenciones, especialmente a sectores estratégicos como el acero, el cemento, el aluminio, la automoción o las tecnologías renovables.
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[–>Por otra parte, se establecen condiciones estrictas para inversiones extranjeras que superen los 100 millones de euros cuando provengan de países que controlen más del 40% de la capacidad de fabricación mundial en vehículos eléctricos, baterías, energía solar y materias primas fundamentales. En estos casos se exigirá la mayoría accionarial europea, la transferencia de tecnología, la integración en las cadenas de valor de la UE y la creación de empleo.
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Finalmente, la ley incluye el requisito de que los Estados miembros establezcan una ventanilla digital única para la de concesión de permisos para los proyectos de fabricación, y la creación de zonas de aceleración industrial, reduciendo los tramites y el riesgo asociado al proceso burocrático.
[–>[–>[–>Con esta ley la Comisión envía un mensaje claro: el mercado europeo sigue abierto, pero ahora existen condiciones y se exige reciprocidad. Pero, sobre todo, esta y otras medidas anteriores, como el nuevo Marco de Ayudas de Estado para la Industria Limpia (CISAF), aprobado hace apenas unos meses, alumbran el nuevo escenario llamado a sustituir el impulso de los fondos Next Generation y los PERTE. Un nuevo terreno de juego más equilibrado, en el que las empresas e industrias europeas más dinámicas encontrarán nuevos incentivos y seguridades para invertir y prosperar.
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