El conflicto entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid sigue viva por el registro de objetores del aborto. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha ordenado al presidente crearlo con urgencia, el Senado no está de acuerdo con esta imposición.

La cámara, con mayoría absoluta del Partido Popular (PP), ha apoyado a Isabel Díaz Ayuso y ha frenado la moción del PSOE para obligar a la región a crear dicho registro. El organismo ha rechazado la propuesta, que ha contado con 114 apoyos, la negativa de 142 senadores y tres abstenciones.

Esta moción, defendida por el socialista José Manuel Franco, y para la que no se presentaron enmiendas, se presentó para garantizar el pleno cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.

en este incluyó la creación del mencionado registro que fue votado en el marco de un Consejo Interterritorial en diciembre de 2024.

Sin embargo, tras el rechazo de la moción, Franco ha anunciado que «El Gobierno de España va incluso a llevar al Congreso una propuesta para que este derecho esté protegido en la Constitución, para que ningún gobierno de derecha ataque este derecho de las mujeres conquistado con tanto esfuerzo.

«Estamos defendiendo el cumplimiento de la ley, no pedimos nada más«, ha manifestado, en relación a la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordena al Ejecutivo madrileño iniciar los trámites para la creación del Registro de Objetores de Conciencia a Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE).

Madrid

En su opinión, en la Administración que dirige Isabel Díaz Ayuso «Ya no prestan atención a las decisiones judiciales», que es «el colmo del incumplimiento».

Ahora, según Francoel objetivo es «programar adecuadamente los abortos» y «que no vuelva a suceder como antes»que «quienes no tienen dinero a veces tienen que abortar en condiciones inhumanas».

«Madrid es la única comunidad que no tiene registro», ha subrayado, al tiempo que ha indicado que lo ha previsto para «los que se oponen a la eutanasia».

«Este récord es bueno para los profesionales.ofrece garantías»añadió, tras lo cual explicó que el objetor de conciencia «no será obligado a realizar ningún tipo de intervención en este sentido». Díaz Ayuso «dice que no quiere crear listas negras, cuando esta lista es confidencial», afirmó.

Derecho fundamental

Todo ello ha sido rechazado por el senador del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Ruiz Escudero, quien ha afirmado que, «bajo apariencia técnica», esta moción «reintroduce un debate profundamente ideológico». «La objeción no es un privilegio ni una concesión administrativa, es un derecho fundamental» que está recogido «en la Constitución», afirmó.

Los profesionales de la salud «tienen derecho a actuar según su conciencia «Ya no declares tu ideología ni tus creencias»por lo que «es realmente preocupante que este Gobierno radical y, en este caso, el Partido Socialista pretendan convertir el ejercicio de objeción de conciencia en un procedimiento burocrático sujeto a registro», ha continuado.

Este registro «ni mejora la organización sanitaria, ni aporta garantías asistenciales adicionales, ni resuelve ningún problema clínico», mientras que lo que sí hace es «identificar a los profesionales que se oponen». Esto abre la puerta «a las acusaciones y la estigmatización».

Respecto a que Madrid es la única región que no ha cumplido la ley, ha explicado que «muchos de ellos han puesto en marcha el registro no por convicción» sino «por imperativo legal». Madrid no lo ha implementado «no por falta de compromiso con la legalidad, sino por convicción de defender un derecho absolutamente fundamental para nuestros profesionales», afirmó.

Descalificación

La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aceptó la medida cautelar solicitada por el ministerio e instó a la Comunidad a iniciar los trámites para poner en marcha el registro de objetores. Precisamente Este martes el Gobierno regional anunció que ya interpuso un recurso de apelación contra esa decisión.

Tras llevar el conflicto a los tribunales, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha amenazado a Ayuso con la posibilidad de que la inhabiliten si no cumple la ley.

El aviso llega en medio de una batalla judicial entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid por este registro.

Hace unos meses, el Gobierno recurrió a los tribunales después de que Madrid no respondiera a la solicitud enviada en octubre a las tres únicas comunidades que no habían iniciado los trámites para crear la lista: Aragón, Baleares y Madrid. De los tres, sólo el Ejecutivo madrileño no respondió.