El gobierno está preparando un paquete de medidas económicas mitigar los efectos que el conflicto iraní está generando en la economía española. Un ejemplo, aproximadamente el precio del combustible ha aumentado. 40%, desde el inicio del conflicto.

Con este plan de respuesta, que aún se está definiendo y que conoceremos el viernes, intentaremos reducir los efectos que ya estamos viendo en nuestros bolsillos. Entre las medidas clave, sabemos que varias de ellas de carácter fiscal, energético y social. Se espera que puedan aprobarse el viernes en un real decreto, que luego tendrá que ser validado por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes.

¿Qué sabemos hasta ahora?

Aunque aún se desconoce el contenido exacto de las medidas, el ejecutivo anunció que No se reducirá el IVA de los productos alimentariosuna reducción que se aplicó en otro conflicto reciente, el de la guerra de Ucrania. Consideran que el impacto en esta ocasión no es comparable al de entonces y que se centra principalmente en el coste de la energía y el combustible y no tanto en el incremento del precio de los alimentos y, por tanto, de la cesta de la compra.

Hace unos días, Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, aseguró que se tomarían medidas estructural y cíclico. Así lo aseguró también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Hasta ahora sabemos que una de las medidas centrales será reducir la carga fiscal en la factura de la luz, para contener la subida de precios. Por ejemplo, se estudiará la recuperación de reducciones del IVA eléctrico similares a las que ya se aplicaron durante crisis anteriores.

Medidas de “escudo social”

El ejecutivo también incluirá medidas en el marco del “escudo social”, como protección para los hogares más vulnerables. Gracias a ellos, se evitarán reducciones en los suministros básicos para las personas con dificultades económicas. El plan también prevé medidas específicas para sectores particularmente expuestos al aumento de los precios de los combustibles, como el transporte por carretera y la agricultura y el sector agroalimentario.

Esta asistencia incluiría apoyo fiscal o compensación para mitigar el aumento de los precios del diésel y otros costos energéticos.

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