El juez Juan Carlos Peinado acordó proponer nuevamente que Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, ser juzgado por un jurado. La decisión, recogida en un auto reciente, incluye también a su asesor en Moncloa y al empresario Juan Carlos Barrabés.

El magistrado emprende esta acción tras la Audiencia Provincial de Madrid anular una resolución anterior por falta de justificación. El tribunal ha fijado ahora su comparecencia para el 1 de abril para informar a los interrogados de su nueva situación procesal.

Delitos bajo investigación

Según el auto, el juez considera que, a la luz de las diligencias practicadas, existen indicios que permiten atribuir a los investigados posibles Delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos. de fondos públicos, siendo ambos competencia de un jurado popular.

Además, menciona otros posibles delitos como malversación de fondos, corrupción corporativa, corrupción del sector privado e intrusión laboral.

La instructora sostiene que Begoña Gómez habría aprovechado su cercanía con el presidente para promocionar su actividad profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, donde desarrolló la cátedra de Transformación Social Competitiva.

El auto describe una relación entre Gómez y el empresario Juan Carlos Barrabés en relación con este proyecto. Según el juez, hubo un «integración funcional» del empresario, mientras que las empresas que lo rodean se beneficiaron de recompensas públicas.

También indica que Gómez habría intervenido en la captación de financiamiento y en las relaciones con entidades vinculadas al sector tecnológico y comercial. El magistrado aprecia indicaciones de acciones que podrían corresponder en delitos de tráfico de influencias y corrupción empresarial.

Papel del asesor

El juez también analiza la actuación de Cristina Álvarez, agente interina de la Presidencia de Gobierno. Según la orden, participó continuamente en actividades relacionadas con la silla.

El magistrado considera que su intervención fue más allá de las funciones administrativass y lo sitúa como apoyo en tareas vinculadas a intereses privados.

desarrollo de software

Otro punto clave es el desarrollo de una plataforma tecnológica en el marco de la cátedra. El juez indica que este proyecto tenía como objetivo inicial la matrícula universitaria, aunque nunca llegó a concretarse.

Al mismo tiempo, Gómez y su asesor supuestamente aseguraron el control privado de elementos relacionados con el proyecto, como el patrimonio y la empresa asociada, sin revelarlo a la universidad ni a las entidades financiadoras. La orden agrega que Gómez Firmó documentos técnicos relacionados con la contratación pública sin tener autorización para hacerlo..

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