los fantasmas del pasado rondan Argentina
Mariana Tello Weiss era una bebé cuando los militares asesinaron a su madre, en junio de 1976. Al morir, la tenía en sus brazos. Un represor se apropió de ella. Su abuelo pudo recuperarla en pocos meses. Tello Weiss se graduó como antropóloga y publicó ‘Fantasmas de la dictadura. Una etnografía sobre apariciones, espectros y almas en pena’. Nunca se había escrito algo así sobre el período más oscuro de la historia argentina. Las búsquedas emprendidas por familiares fueron de todo tipo: tribunales, comisarías, cuarteles, iglesias, así como morgues, hospitales, psiquiátricos. Hubo quienes que, ante la falta de respuestas, intentaron acceder a otras formas de ‘saber’, completamente desacreditadas. «Se utilizaron recursos como videntes o médiums, o se fueron instalando prácticas destinadas a relacionarse con los seres queridos ausentes». Se recopilan en sus páginas casos de tentativas de comunicación telepática, «apariciones» de figuras indescifrables situadas entre la vida y la muerte y sueños vividos donde los espíritus de las personas desaparecidas «visitan» a sus familiares.
[–>[–>[–>El trabajo ha intentado relatar el pasado desde una perspectiva inédita justo cuando ‘lo fantasmal’ cobra una nueva vida. Se habían dado pasos significativos hacia el duelo y la reparación a través de la doble premisa de la verdad sobre lo sucedido y la acción de la justicia, pero las agujas del reloj comenzaron a girar en sentido contrario. El próximo martes se cumple medio siglo del golpe militar en medio de disputas sobre el sentido de lo ocurrido que se creían superadas. Al llegar la ultraderecha al poder trajo consigo una reivindicación del terrorismo estatal perpetrado entre el 24 de marzo de 1976 y fines de 1983. El Gobierno de Javier Milei ni siquiera toma en cuenta la opinión mayoritaria de la sociedad. Siete de cada 10 argentinos condenan al llamado Proceso de Reorganización Nacional, de acuerdo con un reciente estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
[–> [–>[–>Claudia Poblete Hlaczik es una de las primeras nietas restituidas, así como el relevo generacional de las nonagenarias Abuelas de Plaza de Mayo. Ha denunciado no solo la ruptura del acuerdo democrático respecto lo sucedido sino el desmantelamiento de las estructuras institucionales que habían sido creadas para preservar la memoria. Milei ha hecho suyo el discurso de los excomandantes condenados. Restituyó la idea de que en Argentina tuvo lugar una «guerra» entre el Estado y las organizaciones guerrilleras durante la cual se cometieron «excesos», a contramano de lo que la justicia y los historiadores pudieron reconstruir. La insurgencia estaba aplastada por completo antes del derrocamiento de la presidenta Isabel Perón y, de otro lado, la tortura a embarazadas, la apropiación de niños, las violaciones a mujeres con grilletes, el lanzamiento al río desde un avión de disidentes drogados, las ejecuciones sumarias sin condena y el robo de bienes, no guardan relación con las lógicas de un conflicto armado.
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La cruzada de Milei ha tenido un hito en la designación del teniente general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa de Argentina. Su padre, Roque Carlos Presti, fue un activo represor en la provincia de Buenos Aires. Administró a su vez varios centros clandestinos y la Unidad Penal 9 de La Plata donde se aplicaba la llamada «ley de fuga» por la que fueron fusilados algunos presos. El Gobierno actúa en todos los frentes de la reivindicación del pasado punitivo. Una placa que recordaba a los miles de desaparecidos acaba de ser retirada de la Casa Argentina en la Cité Universitaire de París. Esta decisión ha provocado malestar diplomático. Sin embargo, la posibilidad de que quisiera tomar medidas más osadas está en el aire. Flota en el temor a un anuncio presidencial en las vísperas de la efeméride: el beneficio judicial a los militares y policías que fueron condenados a partir de 2006, cuando se derribó el muro de la impunidad.
[–>[–>[–>Juicios y causas abiertas
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Según las últimas cifras de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se computan 636 detenidos por la comisión de esos delitos. De ese total, 508 cumplen prisión domiciliaria o una detención preventiva mientras se está realizando el juicio. Solo 128 personas están alojadas en unidades del Servicio Penitenciario. De este grupo, un número significativo se encuentra en una unidad del Ejército en la periferia bonaerense que fue uno de los principales campos de concentración. Los reclamos de los nostálgicos de la era castrense exigen que terminen los juicios. En estos momentos existen unas 300 causas: 258 se encuentran todavía en la etapa de investigación preliminar y los 63 expedientes restantes están a la espera de que se asigne una fecha para el inicio de la etapa oral del juicio. Además, se desarrollan 14 procesos en distintas jurisdicciones del país.
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La Comisión Nacional de la Desaparición de Personas (Conadep), creada en 1984 por el presidente Raúl Alfonsín, contabilizó 8961 víctimas. Los organismos defensores de derechos humanos han triplicado esa cifra basada en cables diplomáticos de EEUU del momento, y la siguen defendiendo ante un hecho irrefutable: el Estado no ha podido dar cuenta sobre el destino de las personas secuestradas y luego asesinadas. Ese silencio valida el cálculo. «La dictadura comenzó a relativizar el número de desaparecidos cuando ya no pudo negar su existencia. Primero, los restringió a meros errores que se cometen en toda guerra. Luego, discutió las cifras de los organismos reduciendo la cantidad a un puñado», recuerda a este corresponsal Emilio Crenzel, autor de ‘Pensar los 30.000 Que sabíamos sobre los desaparecidos durante la dictadura y lo que ignoramos todavía’.
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[–>Crenzel desglosa el número: las personas que permanecían entonces desaparecidas no equivalían a las víctimas de desaparición forzada. «Ese universo lo componen, además, los menores apropiados que, ya adultos, ignoran aún su identidad y los liberados de los centros clandestinos». Estos últimos fueron 17.160. «Por ende, la suma de desaparecidos que continúan en esa condición, sobrevivientes y de los casos denunciados ante la Conadep sujetos a revisión (783), más los desaparecidos y sobrevivientes no registrados compondrían una cifra aproximada a la enarbolada por el movimiento de derechos humanos». Las usinas oficiales no dejan de discutir por estos días este razonamiento con los mismos argumentos de aquellos militares.
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En 1976, la tasa de pobreza se situaba en torno al 5% de la población. Hacia el final de la dictadura, se había quintuplicado. La deuda externa total ascendía a 9.738 millones de dólares. Siete años más tarde, era de 45.069 millones de dólares. La dictadura creó un esquema económico favoreció el ingreso de capitales para especulación financiera y la posterior fuga de divisas en lugar de inversión productiva. Se lo conoció como la «bicicleta financiera». La misma que rige en este presente que quiere parecerse al pasado. Poblete, la nieta recuperada, articula la razón represiva y económica en los días de Milei: «destruir el consenso sobre el terrorismo de Estado, hablar mal de las luchas de los organismos de derechos humanos y poner la culpa de lo que sucedió en las personas que fueron víctimas tiene que ver con un amedrentamiento de la protesta social».
[–>[–>[–>La lucha de madres y abuelas
Un bebé fue arrancado a la fuerza de su madre por los militares en plena dictadura. Fue criado por desconocidos y encontrado después de 48 años gracias a una prueba de ADN. Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron en julio de 2025 la restitución del nieto 140, hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, secuestrados en 1976. Adriana Metz, su hermana llevaba décadas buscándolo. Contó con la ayuda inestimable de esa organización que todavía busca a unas 360 personas que eran niños o niñas al momento de ser apropiados. Ellos y ellas ya orillan el medio siglo. Las abuelas, en tanto, son nonagenarias. Estela de Carlotto, presidenta de asociación cumplirá en octubre 96 años. Ella pudo encontrar a su nieto Ignacio años atrás.
«El presidente (Javier Milei) es un monstruo», dice y avisa que seguirá con su tarea hasta que las fuerzas se lo permitan. Todas habían comenzado cuando eran relativamente jóvenes. Lo mismo que las primeras 14 madres que en 1977 decidieron organizarse para reclamar el destino de sus hijos e hijas. Los liderazgos históricos han muerto. Hebe de Bonafini falleció en 2022 a los 93 años y fue uno de los nombres fundamentales como presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Conocida por su intransigencia, quedó cooptada por los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, lo que le valió críticas de antiguos compañeros en la lucha por los derechos humanos.
Las Madres se dividieron en los años noventa del siglo pasado por razones políticas. Nora Cortiñas, otro de los grandes baluartes, encabezó la llamada «Línea Fundadora». Murió a los 94 años, en 2024 y una enorme amargura por la llegada de la ultraderecha. Queda todavía como referente Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, más conocida como Taty Almeida, de 95 años y un activismo que no deja de sorprender. Las Madres resumen más de un drama histórico. Sara Rus Sigron al Brah había sido sobreviviente de Auschwitz-Birkenau. Su hijo Daniel fue secuestrado y desaparecido.
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