«Respetuosamente no estamos de acuerdo con el veredicto y apelaremos», dijo un portavoz de Meta en un comunicado. «Nos esforzamos por mantener seguros a los usuarios en nuestras plataformas y somos conscientes de los desafíos que implica identificar y eliminar usuarios malintencionados o contenido dañino».

La salud mental de los jóvenes, el desafío del Meta

La decisión del jurado puso fin a un juicio de seis semanas y marcó el primer veredicto del jurado sobre estas demandas contra la empresa de redes sociales, que enfrenta un desafío más amplio sobre cómo sus plataformas afectan la salud mental de los jóvenes.

El Fiscal General de Nuevo México, Raúl Torrez, del Partido Demócrata, acusó a la empresa de permitir a los depredadores acceso irrestricto a usuarios menores de edad y ponerlos en contacto con las víctimas, lo que a menudo conduce a abusos y trata de personas en el mundo real. La compañía de Mark Zuckerberg negó las acusaciones y afirmó que cuenta con amplias medidas de seguridad para proteger a los usuarios más jóvenes.

En los últimos años, Meta ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor por su gestión de la seguridad de niños y adolescentes, impulsado en parte por el testimonio de un denunciante ante el Congreso en 2021, quien alegó que la empresa sabía que sus productos podían ser dañinos pero se negó a tomar medidas.

Por otra parte, Meta enfrenta miles de demandas que la acusan, junto con otras empresas de redes sociales, de diseñar intencionalmente sus productos para que sean adictivos para los jóvenes, lo que provocó una crisis de salud mental en todo el país. Algunas de estas demandas, presentadas tanto en tribunales estatales como federales, buscan daños y perjuicios por valor de decenas de miles de millones de dólares, según documentos presentados por Meta ante los reguladores financieros.

Meta sostiene que la empresa está exenta de responsabilidad tanto en las demandas por adicción como en las de Nuevo México gracias a las protecciones de la libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que generalmente prohíbe demandas contra sitios web por contenido generado por usuarios. La empresa afirma que las reclamaciones por daños del Estado no pueden separarse del contenido de las plataformas, ya que sus algoritmos y características de diseño sirven para publicar dicho contenido.

Torrez y su oficina se hicieron pasar por menores

La demanda presentada en Nuevo México surgió de una operación encubierta que Torrez, un exfiscal, y su oficina llevaron a cabo en 2023. Como parte del caso, los investigadores crearon cuentas en Facebook e Instagram haciéndose pasar por usuarios menores de 14 años. Esas cuentas recibieron material sexualmente explícito y fueron contactadas por adultos que buscaban contenido similar, lo que llevó a cargos penales contra varias personas, según la oficina de Torrez.

Nuevo México afirma que Meta aseguró al público que Instagram, Facebook y WhatsApp eran seguros para los adolescentes y niños de Nuevo México, mientras ocultaba la verdad sobre la gran cantidad de contenido peligroso y dañino que alojaban. Según el Estado, documentos internos de la empresa reconocían problemas de explotación sexual y daños a la salud mental. Sin embargo, afirma que la empresa no implementó medidas de seguridad básicas, como la verificación de edad, e insistió en que era segura.

Además, también acusó a Meta de diseñar sus plataformas para maximizar la interacción, a pesar de la evidencia de que dañaban la salud mental de los niños. La demanda alega que funciones como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos mantienen a los niños en el sitio, fomentando comportamientos adictivos que pueden provocar depresión, ansiedad y autolesiones.

La demanda presentada por Nuevo México buscaba daños financieros, así como una orden judicial que obligara a Meta a realizar cambios para mejorar la seguridad de los niños al utilizar las plataformas.

«Durante una década, Meta ha fallado repetidamente en actuar con honestidad y transparencia», dijo Linda Singer, fiscal del estado, al jurado durante los argumentos finales del lunes. «No ha actuado para proteger a los jóvenes de este estado. Depende de usted terminar este trabajo.