COMUNITAT VALENCIANA | El Gobierno frena el plan de Llorca para construir vivienda en suelo municipal y le exige más protección
La Generalitat y el Gobierno continúan librando su particular batalla política y legal a través del DOGV. En esta ocasión, el Diari Oficial publica la activación de una nueva comisión bilateral entre ambas administraciones para negociar cambios en el segundo macrodecreto de Simplificación Administrativa del Consell y evitar así que el choque llegue al Tribunal Constitucional. El Ministerio de Política Territorial «discrepa» de siete artículos de la norma autonómica, entre ellos el que ha dado pie al plan de Juanfran Pérez Llorca para liberar suelo público municipal en desuso para construir 120.000 viviendas y que podría acabar en los tribunales si no se alcanza un acuerdo técnico entre Estado y Generalitat.
[–>[–>[–>El artículo 83 del decreto ley 14/2025 del Consell, de medidas urgentes contra la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado, introduce cambios sustanciales en la ley urbanística de la C. Valenciana. Entre otros, en su apartado 13 incluye una disposición adicional para impulsar los Proyectos Habitacionales Locales (PHL), una figura de nueva creación con la que el Consell busca destinar suelo municipal dotacional (reservado para la construcción de colegios, residencias, polideportivos, bibliotecas…) sin utilizar a la construcción de vivienda.
[–> [–>[–>Sin embargo, esa redacción genera «dudas de constitucionalidad» en el Gobierno, que aboga por dar más protección a estas edificaciones y destinarlas a colectivos vulnerables. En concreto, Moncloa aprecia una «posible vulneración de la legislación básica estatal por el derecho a la vivienda en la medida en que, sobre suelos destinados a dotaciones públicas en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente solo cabe implantar vivienda social«, cuyas condiciones son mucho más restrictivas.
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La vicepresidenta y ministra de Vivienda, Susana Camarero, junto al titular del Consell, Pérez Llorca, ayer en las Cortes / BORJA CAMPOY
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Para colectivos vulnerables y en alquiler
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Por ejemplo, estas deben levantarse sobre suelo público y por iniciativa también pública, un requisito que no aplica en las de protección oficial o pública (VPO o VPP), que pueden ser construidas por el sector privado. Igualmente, estas últimas se pueden destinar a la compra, mientras las sociales se atribuyen en su gran mayoría al alquiler o cesión temporal. Las sociales tampoco se liberalizan, algo que sí sucede con las VPP, y su precio está sujeto a limitaciones. En todo caso, las condiciones de acceso para cada modalidad las fijan las comunidades autónomas.
[–>[–>[–>Es decir, el Gobierno plantea que esos espacios dotacionales de los ayuntamientos deben ofrecer vivienda de titularidad pública o cuyo suelo sea de titularidad pública sobre el que se haya constituido concesión administrativa o negocio jurídico equivalente, y que esté destinada al alquiler, cesión u otra forma de tenencia temporal, cuya finalidad es atender necesidades temporales de colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda.
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Las 120.000 viviendas de Llorca, en el aire
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Llorca, que ha situado la vivienda como eje de su breve mandato y que ha tenido que lidiar con el escándalo de las VPP de Alicante, planteó recientemente un plan para movilizar ese suelo dotacional en manos de los municipios que llevan años sin darle uso. Según las estimaciones del Consell, hay ocho millones de metros cuadrados en esta situación. Así, utilizando sólo la mitad, unos cuatro millones, se podrían levantar 120.000 viviendas nuevas.
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[–>Esta estrategia queda ahora en el aire, a expensas de que ambas administraciones alcancen un entendimiento en la bilateral. En cualquier caso, el Consell minimiza el toque de atención del ministerio y señala que se trata de un «trámite habitual de cooperación institucional» que «en ningún caso supone la suspensión de la norma, que sigue plenamente vigente y desplegando sus efectos», indican fuentes de la Generalitat.
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«Lo que se ha acordado es abrir un proceso de diálogo técnico para analizar determinadas cuestiones del Decreto-ley 14/2025, con el objetivo de encontrar soluciones compartidas dentro del marco constitucional. En concreto son solo siete artículos a analizar, de modo que las dos instituciones están de acuerdo en un 95% del plan», subrayan desde el Consell.
[–>[–>[–>Al margen de estas dudas urbanísticas, el Gobierno ha expresado también su desacuerdo sobre los artículos 23, 25, 26, que abordan las relaciones contractuales entre el personal investigador de universidades, los artículos 42 y 45, relativos a la gestión documental de archivos históricos, y la disposición transitoria segunda, que aborda asuntos de función pública.
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Este decreto ley de simplificación es la primera norma impulsada por el president Pérez Llorca y fue validado a finales de enero en las Corts con el apoyo del PP y Vox y el rechazo de la oposición, y actualmente se está tramitando como proyecto de ley. Tras el inicio de estas negociaciones, la comisión bilateral de cooperación Administración general del Estado-Generalitat dispone ahora de seis meses para alcanzar un acuerdo sobre esos puntos y evitar así la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional.
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Acuerdo con la ley de la Costa
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Y es que no todo son desacuerdos en esas bilaterales, en las que a menudo se alcanzan acuerdos que evitan llevar el choque hasta el Constitucional. Este mismo miércoles, el DOGV también recoje que ambas Administraciones han resuelto las discrepancias sobre otras dos leyes autonómicas: la de protección y ordenación de la costa valenciana y la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat de 2025.
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Respecto a la primera norma, el Gobierno acepta prácticamente todos los artículos sobre los que expresó dudas en su día, salvo el relativo a los deslindes, donde no hubo acuerdo y ha sido suspendido por el Constitucional tras admitir a trámite el recurso del Ejecutivo central. De esta forma, la Generalitat será finalmente la competente para controlar las licencias de actividad en la costa, así como para interponer sanciones, en lugar el Ejecutivo.
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