A jurado popular de sevilla el declaro un guardia civil culpable de haber facilitado datos protegidos de vehículos a su ex cuñado a cambio de una compensación económica. Después de un día completo de deliberaciones, ocho de los nueve miembros del jurado lo consideraron probado. El agente, identificado como Juan Luis, aceptado para regalo para obtener información confidencial a la que sólo se puede acceder por motivos estrictamente profesionales.

La sentencia afirma por unanimidad que la guardia civil Utilizó su condición de agente de autoridad. Para consultar bases de datos de tráfico que son de uso exclusivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos sistemas recopilan información sensible y controlada, cuyo acceso se limita al ejercicio de funciones policiales. A pesar de ello, según el jurado, Juan Luis hizo numerosas preguntas sin justificación operativa y con el objetivo de obtener ventaja personal.

Por su parte, el segundo acusado, Francisco Javier, ex cuñado del agente y con quien también mantuvo una relación amistosa durante años fue declarado culpable con ocho votos sobre nueve. El jurado lo considera probado ofreció una compensación financiera acceder a los datos del propietario del vehículo, matrículas o información BTI, información que posteriormente fue utilizada en trabajos remunerados durante un agencia de detectives privados.

Revelación de secretos y corrupción.

La Fiscalía atribuye a es un delito de corrupción, para quienes requieren la sanción mínima de tres años de prisión. Además, para Juan Luis pide un año más por el delito de revelación de secretosentendiéndose que el agente no sólo aceptó el regalo, sino que de manera deliberada y continua tuvo acceso a información confidencial, solicitando también datos a otros colegas ajenos al fin ilícito de la solicitud.

El tribunal popular rechazó la posibilidad de aplicar a suspensión de sentencia (propuesto por la defensa) ya que excede los límites legales. Con la sentencia, el descalificación del agente, una medida que su defensa calificó de «desproporcionada», argumentando que la cuestión debería haberse resuelto en el seno de la Guardia Civil y no a través de un proceso penal.