Así se afirmó, de hecho, en 2022, en el 40º aniversario de la Estatuto de Autonomía: «El La reforma del modelo de financiación es urgente y necesario para garantizar la igualdad y la equidad entre todos los españoles y poner fin a la discriminación que sufren las autonomías menos financiadas como la Comunidad Valenciana, con una evidente falta de recursos.

«Necesitamos soluciones estructurales y por eso seguimos exigiendo tanto un cambio en el modelo de financiación autonómica como una solución al problema histórico de la deudaindicó tras subrayar que en «ningún caso» el debate debe «convertirse en una pelea entre las distintas comunidades».

«Disfrutar de servicios públicos de calidad es un derecho de todos los españoles independientemente de dónde vivan, y esa seguirá siendo la hoja de ruta de la Generalitat: solicitar al Gobierno, a todos los grupos políticos y al resto de autonomías que abran el debate y lleguen a un acuerdo», ha defendido.

La salida de Montero del Ejecutivo para ser candidato del PSOE en Andalucía ha dado ahora la devolver la pelota. Y esa exigencia que una vez España pidió al Madrid, ahora lo tiene en la mano. El desafío es enorme, ya que clima que llegue a buen puerto no es lo más favorable.

La propuesta del Gobierno, acordada con ERC, y que fue trasladada al resto de autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de enero, prevé que la Comunidad Valenciana recibir 3.669 millones de euros más que los recibidos con el sistema actual. Pero tiene poco apoyo.

De hecho, todas las autonomías gobernadas por el PP rechazan el diseño tal y como se ha negociado bilateralmente con Cataluña. En el caso de la autonomía valenciana, la Concejo de Juanfran Pérez Llorca Ya descartó sentarse a negociar antes de que el texto llegue al Congreso.

12 años expiraron

El modelo actual, cabe recordar, fue aprobado en 2009 y Con el tiempo se volvió especialmente negativo para los intereses de la Comunidad Valenciana, ya que año tras año está en el ranking de las regiones con las peores paradas aparecen en el elenco, según los informes elaborados fedea.

La ley que regula el actual sistema establece en su disposición adicional séptima que un «revisión de cinco años«.

Pero ni que decir tiene que esta obligación no se ha cumplido, lo que ha provocado que se haya convertido en los últimos años en el principal campo de batalla del Gobierno valenciano y, por competencias, de la Consejera de Hacienda. También de España en ese momento.

Aunque lo reclamó especialmente durante su etapa al frente del Arcas valencianas entre 2022 y 2023, la demanda fue constante durante los Gobiernos Botánicos, ya que en 2015 Ximo Puig Entró en el Palau de la Generalitat.

España no dejó de asistir a cada uno Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró o a las reuniones con los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y la patronal CEV, impulsoras de la Plataforma para la financiación justa (Por una financiación justa).

Incluso participó, junto a otros representantes del Concejo y el PSPV y Compromís, en la manifestación que se reunió en 2017 a más de 17.000 valencianos para exigir un cambio de modelo.

«No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos. No queremos ser ciudadanos de segunda, queremos una financiación igual a la media», fue el argumento repetido como un mantra durante ocho años, aunque con más ahínco durante el periodo previo a la moción de censura en Mariano Rajoy.

Fondo de nivelación

Pero no será el único tema que el ministro de Hacienda tenga encima de la mesa y que, en su momento, él mismo también reclamó a Montero: el actual ministro también reclamó la Fondo de nivelación transitorio para que las autonomías infrafinanciadasAl igual que el valenciano, podría tener ingresos adicionales a la altura de la media.

En 2017, por ejemplo, todavía con Rajoy en La Moncloa, su partido firmó un declaración institucional en el parlamento valenciano en el que reclamó al Estado «establecer el mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de años anteriores”. Es decir, el citado Fondo.

El mismo texto volvió a ser validado dos años después, en enero de 2019 y con Pedro Sánchez ya gobernando. Así era como lo habían hecho Compromís y Podemos obligar al PSPV a poner negro sobre blanco que sus demandas serían las mismas quien gobernara el Estado. En primer lugar, la agenda valenciana.

Deuda y daño

Junto a ello, los socialistas y España pidieron el «reconocimiento de la déficits de financiación acumulada directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación». Es decir, una condonación de la deuda derivada de la infrafinanciación.

Tus demandas, ahora, serán tus deberes. Y tendrá que asumir de primera mano el reto de intentar aunar los intereses de los distintos territorios para lograr un acuerdo satisfactorio, como ya hizo en cada negociación presupuestaria cuando cogobernaba con Compromís y Podemos.

Más allá de estos temas que llevan años sin resolver, también tendrá que ocuparse de más asuntos pendientes que tiene el Ministerio. La primera, intentar avanzar un poco. Presupuestos Generales del Estadoya que no se han validado nuevos desde 2023.

Pero también el exención de impuestos de la ayuda dana, la autorización de deuda excepcional de la Comunidad para cubrir los gastos derivados de la tragedia o el actualización de entregas a cuentaque es el dinero que corresponde a las Comunidades Autónomas en función de la recaudación tributaria y del sistema de financiación.

El gobierno de Pedro Sánchez incluyó estas tres políticas junto con la aumento de pensiones y la parálisis del desalojos en un decreto general de enero.

Un mecanismo legal contemplado en la Constitución sólo para casos «de necesidad extraordinaria y urgente» a lo que los gobiernos, sin embargo, recurren asiduamente.

PP, Vox y Juntos votaron en contra del texto.así que no pasó nada. Y, apenas un mes después, en febrero, volvió a traer la Revalorización de las pensiones del 2,7% por un ladoy el Real Decreto Ley con estas medidas en otro texto.

En esta ocasión se hizo lo primero, pero el segundo quedó varado nuevamentedonde se incluyeron nuevamente los temas que afectan a la Comunidad Valenciana.

Esta misma semana, los socialistas acudieron al Congreso por tercera vez decreto anticrisis debido a la guerra en Irán. En él, Compromís había reclamado que se incluyeran estas cuestiones que quedan sin validar. Pero no hubo suerte.

El Gobierno se comprometió, según explican desde la coalición, a incorporarlos a otro estándar futuro. España ya podrá dar luz verde para que esto suceda.