Si por algo se ha caracterizado la labor de Yolanda Díaz al frente del Ministerio de Trabajo es por la persecución a las empresas. Indistintamente del sector o la actividad desarrollada, la ministra ha emprendido diversas campañas para regular aún más el sector empresarial y establecer nuevas exigencias a las compañías que, en última instancia, terminan por afectar sobre todo a aquellas personas a las que, se supone, pretenden proteger.

Así las cosas, cabe destacar cómo la ministra ha implementado diferentes iniciativas, como la aprobación del nuevo Estatuto del Becario, que agravan los problemas que encuentran las empresas para poder operar en nuestro país, a las que se suman otras como el incremento exponencial del SMI, que aumenta de forma significativa los costes y desincentiva la contratación, especialmente de aquellas personas con menor cualificación.

Con todo, uno de los estandartes que ha querido enarbolar Yolanda Díaz, aunque aún no ha logrado sacar adelante una normativa en firme al respecto, es la reducción de la jornada laboral, lo cual afectaría a todos los segmentos de actividad. Sin embargo, uno de los sectores que más han sufrido la pésima gestión de Díaz al frente de la cartera de Trabajo ha sido el de los repartidores.

En este sentido, Glovo anunció hace apenas unos días que aplicará un ERE que afectará a un máximo de 750 repartidores en España, además de una reducción de su actividad en más de 60 localidades repartidas por diferentes provincias. Asimismo, este viernes hemos conocido que Inspección de Trabajo reclama 110 millones a Uber Eats por presuntas cotizaciones impagadas de 60.000 trabajadores que, a ojos del Gobierno, son falsos autónomos. Pero ¿realmente los repartidores ven como algo positivo esta persecución de Yolanda Díaz contra las empresas del sector?

Impacto de la Ley Rider

A finales de agosto de 2021 entró en vigor la Ley Rider, una norma que obligaba a las plataformas digitales de reparto, como Glovo, Uber o Just Eat, a contratar como asalariados a sus repartidores, presumiendo así su laboralidad. Desde el Ejecutivo se trató de justificar esta iniciativa argumentando que, con ello, se protegerían los derechos laborales de los repartidores. Sin embargo, como suele ocurrir con las políticas que se diseñan sin considerar la realidad subyacente, esta ley ha afectado, sobre todo, a aquellos a los que pretendía beneficiar.

Así las cosas, en Libre Mercado hemos informado de cómo esta norma ha tenido efectos negativos en los salarios y el empleo de los repartidores. En este sentido, los economistas Juan J. Dolado, Álvaro Jáñez y Félix Wellschmied explicaron en un informe titulado Riders on the Storm que tras la implementación de esta normativa el empleo en el sector había caído un 7%, los salarios por hora habían disminuido un 3% y el número de horas trabajadas había descendido un 2,5%.

En declaraciones a Libertad Digital, Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos, explica que esta asociación se conformó, precisamente, contra la Ley Rider tal y como se ha presentado. Al respecto, Gaviria explica que la normativa «resulta ineficiente en su desarrollo y su contenido»: por un lado, Trabajo no ha contado con ellos en el diseño de la norma; por otro, contiene un artículo –que consta nada más que de dos párrafos– en el que se establece la presunción de laboralidad, lo cual, sostiene el repartidor, abre la puerta a la precariedad y, al mismo tiempo, queda sujeta a una interpretación subjetiva en términos legales.

En este sentido, Gaviria denuncia que esta normativa ha producido la salida de Deliveroo del país y, asegura, ha provocado una destrucción masiva de puestos de trabajo. De hecho, incide en que, si bien antes las empresas de reparto operaban en un contexto de crecimiento del sector, en el que las empresas competían por los trabajadores –incluso con importantes bonos e incentivos–, ahora son los repartidores los que tienen que competir para ser contratados por estas empresas. El resultado, subraya, lo podemos ver en los ERE que se han anunciado y la degradación sistemática del sector. Así, lamenta que todo ello se haya realizado únicamente por motivos ideológicos.

Por otra parte, con el fin de subrayar las deficiencias de su diseño, Gaviria también destaca que la ley no incluye una previsión de cuántos afectados o beneficiarios habría como resultado. En cambio, pone en valor el modelo de relaciones laborales entre repartidor y compañía que existía anteriormente, donde primaba la libertad, puesto que el rider podía decidir sus horarios y qué pedidos atender. Ahora sucede al contrario y, tal y como denuncia el portavoz de esta plataforma, «les estás entregando tu vida» a las empresas.

Con todo, para Gaviria una alternativa interesante pasaría por establecer, para los riders, una figura intermedia entre el asalariado y el autónomo, con el fin de proteger los derechos laborales de estos trabajadores, aportando además seguridad jurídica y unas reglas claras para todas las partes, pero sin perjudicar a los repartidores. De hecho, advierte de que si se extiende este modelo al resto de sectores relacionados con las plataformas digitales, «se trasladará este caos a más de 500.000 trabajadores que trabajan o depende de este tipo de plataformas», incluyendo abogados o arquitectos.

Así las cosas, Gaviria plantea tres posibles escenarios para el futuro del sector en nuestro país. Por un lado, afirma que sería positivo un cambio de Gobierno que trajera un nuevo Ejecutivo con otra visión y que tuviera en cuenta las demandas de los afectados. En segundo lugar, asegura que sería positivo también que se traspusiera la Directiva de la UE relacionada con el trabajo en las plataformas digitales, que define de forma más clara las figura del autónomo y establece como requisitos para la misma la no exclusividad del servicio prestado, la ausencia de un vestuario reglado y la libertad para elegir los precios. Finalmente, lamenta que la tercera opción sería que continuara este mismo Ejecutivo en nuestro país, con la degradación adicional del sector supondría.

Despidos y dificultades de contratación

Uno de los efectos más claros de esta ley han sido los despidos y las dificultades que encuentran ahora los riders para ser contratados. De hecho, Gustavo Gaviria, portavoz de Repartidores Unidos, subraya que su primer despido, que se produjo con la plataforma Deliveroo, fue consecuencia de la Ley Rider. El segundo despido fue de Glovo.

Asimismo, Artem Pavlov, un rider que actualmente trabaja con Uber, relata las dificultades que padecen ahora los trabajadores del sector para ser contratados. De este modo, explica que, en estos momentos, la única plataforma con la que puede trabajar es Uber. Por un lado, es muy complicado entrar en Just Eat, una compañía que, según le comentan algunos compañeros, mantiene una buena relación con los trabajadores, porque pagan bien y ofrecen buenas condiciones: además de la retribución, también se hace cargo del gasto en gasolina, no penaliza al repartidor si durante su turno se solicitan menos pedidos y paga la mitad de los gastos de arreglo del vehículo en caso de avería.

Por otro lado, explica que, al menos según su experiencia, el funcionamiento de Glovo resulta extraño en ciertos aspectos. Concretamente, detalla que ha contactado en varias ocasiones con la compañía, a la que ha enviado su currículum, con el fin de trabajar con ellos durante los meses de agosto –debido a que, según explica, en este mes se reducen forma notable los pedidos en Uber–. Sin embargo, no ha obtenido nunca respuesta por su parte. Más extraño es aún que, cuando el pasado mes de julio tuvo un accidente y necesitó contactar con la mutua, descubrió que Glovo lo tenía dado de alta a pesar de no haber firmado ningún contrato con ellos.

En consecuencia, dada la situación que vive el sector del reparto, Pavlov denuncia que esta ley está hecha para «matar al delivery» y subraya que ha sido diseñada por personas que «no entienden nada del sector, ni cómo trabajan las plataformas ni los restaurantes». Del mismo modo, explica que esta ley la sufre el conjunto de la sociedad, no sólo los repartidores, sino también las propias plataformas y los clientes del servicio, puesto que ha empeorado el servicio y se producen menos pedidos. De este modo, incide en que, para que el sector vuelva a crecer, se debe regresar al modelo de autónomos, porque «es lo más barato que hay», en comparación con un modelo como al actual, «que es muy caro».

Pavlov también insiste en que los repartidores, como autónomos, podían escoger sus horarios y qué pedidos atender. Ahora, en cambio, se ven obligados a responder a las solicitudes que se realizan casi de forma inevitable. En consecuencia, este repartidor anticipa que, como consecuencia de la Ley Rider, «por la noche el delivery va a morir», dados los turnos que se establecen. En su caso, explica que, si bien anteriormente podía trabajar entre las 8 de la noche y las 3 de la madrugada, ahora se ve obligado a atender los pedidos entre las 13:00 y las 15:00 y, posteriormente, durante otro turno entre las 19:00 y las 23:00, lo que «no deja tiempo libre ni tiempo para la familia».

Otro caso es el de Natalia, quien comenta que antes de entrar en el sector del delivery se dedicaba a la cocina. Cuando fue madre, por las exigencias de su empleo, y dado que su marido también trabaja en la cocina, tuvo que dejar el trabajo por resultar incompatible con el cuidado de su hija. De este modo, explica que, en un momento dado, conoció la posibilidad de trabajar como repartidora gracias a un anuncio en una aplicación de una cadena de restaurantes de comida rápida. De esta forma, al no tener nada mejor, decidió probar esta alternativa buscando flexibilidad en el trabajo y unos ingresos adicionales para su familia.

Concretamente, Natalia comenzó a trabajar como repartidora con Glovo en el año 2017 con Glovo. No obstante, cuando el año pasado, ante las presiones del Gobierno de España, la empresa cambió de modelo, Natalia decidió por voluntad propia dejar este trabajo porque lo que quería era la autonomía que había tenido hasta entonces. Por ello, a día de hoy, al mismo tiempo que mantiene otro trabajo donde también es autónoma, está trabajando con Uber Eats, que no aplica por el momento restricciones de horario ni de zonas –aunque anticipa que posiblemente antes del verano esta empresa también hará la transición de modelo–.

Con todo, Natalia denuncia que los repartidores «teníamos un montón de posibilidades y con quién trabajar» e incide en que «ya no somos nosotros los que deciden –algo que resultaría imprescindible para garantizar la flexibilidad del trabajo–, son las empresas las que ponen los horarios». En este sentido, subraya también que quienes han diseñado la Ley Rider «se han basado en unos ideales y no han hablado con los repartidores», señalando que esta normativa «no es lo que necesitábamos». En este sentido, Natalia explica que «se nos ha considerado falsos autónomos cuando no lo hemos sido nunca» dado que han estado trabajando con distintas empresas.

Al igual que sus compañeros, Natalia también sostiene que esta ley ha perjudicado a todos los implicados, incluyendo a los clientes, puesto que ha empeorado sustancialmente el servicio al reducirse las horas en las que se trabaja y el número de repartidores. Asimismo, destaca que las retribuciones se han reducido porque ahora son las empresas las que marcan las tarifas, cuando al principio establecían muy buenas promociones por número de pedidos para los trabajadores. Además, detalla que los horarios se han reducido porque las empresas, al estar obligadas a contratar a los repartidores, sólo hacen estos contratos para las horas de comidas y cenas.

Por su parte, David, un repartidor de Asturias, cuenta a Libertad Digital que él empezó a trabajar en el sector en marzo de 2018 porque en la región era complicado encontrar un empleo. Así, le surgió la oportunidad de comenzar a trabajar con Glovo y formalizó un contrato de autónomo dependiente, mediante el cual la plataforma se encargaba «prácticamente de todo», con la excepción de las gestiones tributarias trimestrales.

De este modo, explica que antes de la Ley Rider los repartidores de Glovo trabajaban con un sistema de excelencia con el que la plataforma limitaba el número de repartidores que podían trabajar en cada momento en función de las puntuaciones. Ahora, sin embargo, hay muchos más repartidores al mismo tiempo y, por tanto, se reduce el número de pedidos que pueden atender, lo que reduce a su vez la facturación de estos trabajadores. No obstante, este repartidor explica que, pocos meses antes de la entrada en vigor de esta norma, él y varios repartidores se dieron cuenta de las consecuencias que tendría la ley y decidieron fundar una cooperativa de autónomos, en la que sigue trabajando.

Gracias a esta decisión, David y sus compañeros de la cooperativa se han librado de las exigencias que establece la Ley Rider y, por tanto, también de sus consecuencias. No obstante, David también detalla que, a pesar de no ser perfecto, el anterior modelo era mucho más beneficioso para los repartidores. En su opinión, lo único positivo de esta ley ha sido la eliminación del sistema que se empleaba para las «horas pico», que iban desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche.