CASO MONTORO| El juez pide acceder a las cuentas de Montoro y Equipo Económico que se ocultaron a Hacienda en busca de pagos sospechosos
El juez de Tarragona Rubén Rus, que instruye el caso Montoro contra el exministro del PP y otros ex altos cargos de Hacienda por un supuesto tráfico de influencias para conseguir normas tributarias beneficiosas, cuenta desde el pasado 16 de febrero con un contundente informe de la Agencia Tributaria, que cifra en 35,5 millones los ingresos de Equipo Económico, el despacho desde el cual se habrían cometido los presuntos delitos.
[–>[–>[–>El informe de cuyo contenido dio cuenta en su día esta redacción revela otros datos relevantes, como la «llamativa amortización de una hipoteca» por parte del que fuera responsable de Hacienda durante el Gobierno de José María Aznar y Mariano Rajoy en relación con los ingresos conocidos, y ello a pesar de que los investigadores reconocen no se les facilitaron las cuentas bancarias en las que Montoro, su hermano y otros investigados constan «como titular o autorizado» para poder ahondar en las pesquisas.
[–> [–>[–>Por esta razón, el jefe de la Unidad de Apoyo de Hacienda en la Fiscalía Anticorrupción sometió a consideración del juez «la conveniencia» de obtener el acceso a todas sus cuentas y productos bancarios, algo que desde el órgano judicial no se ha tardado en conceder.
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Según una diligencia de ordenación firmada por el letrado de administración de justicia adscrito al juzgado al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y que tiene fecha del pasado 18 de marzo, se requiere a diferentes entidades financieras poder «conocer los productos bancarios en los que figuren vinculados» hasta 11 personas físicas y diez empresas. Además de las cuentas que pudiera tener Cristóbal Montoro, se solicitan las relacionadas con su esposa Beatriz Blázquez y con su hermano Ricardo.
[–>[–>[–>Hasta el momento, Hacienda solo ha podido localizar dos transferencias que le realizó a la esposa del ex ministro el despacho que él mismo fundó, Equipo Económico, «siendo efectuadas fuera del periodo en el que formalmente Montoro había abandonado formalmente el accionariado del despacho». Una de ellas se ingresó en una cuenta en el BBVA en octubre de 2008 por favor de 3.211 euros con el concepto «transferencias»; mientras que la segunda, al mismo banco pero en septiembre de 2010 fue de 6.238 euros.
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Organigrama del equipo económico / EP
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Se reclaman también las cuentas de varios acusados, entre los que se encuentran Pilar Platero ( subsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos entre 2011 y 2016), Felipe Martínez Rico (subsecretario de Hacienda y Función Pública nombrado por Montoro en 2016) Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez y Francisco Piedras (socios de Equipo Económico) y Covadonga Gómez Garrido . Esta última fue trabajadora en el departamento de administración de Equipo Económico y, entre 2009 y 2017 recibió ingresos de las empresas del resto de socios y figura como apoderada o representante en prácticamente todas las empresas presuntamente instrumentales vinculadas a los socios del despacho.
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[–>Empresas instrumentales
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Por ello también se solicita información bancaria sobre la propia Equipo Económico y otras nueve empresas: Global De Asesoramiento Financiero, Sociedad de Servicios y asesoramiento Limacar, Tutman Fiscalía, Econodos, Falumar Inversiones, Plataforma de Soluciones Jurídicas, White Light Solutions y Piro Yield.
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Según la fiscal Anticorrupción Carmen García Cerdá existen sospechas de que estas sociedades sirvieron a los investigados para repartir los beneficios que obtuvieron por influir ante Hacienda en favor de reformas legislativas favorables para empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGGIM). En un informe conocido el pasado mes de enero, la fiscal llegaba a señalar que todas ellas habrían sido creadas «para ocultar el flujo de la presunta ganancia ilícita, su inversión y los beneficiarios efectivos».
[–>[–>[–>Cobros fraccionados
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El acceso a todas las cuentas bancarias requeridas busca ahondar en la tesis ya señalada por Hacienda en su primer informe, en el que se apunta a que Equipo Económico tenía una forma de cobrar por importes fragmentados que «sería indiciariamente instada por el despacho investigado y se colmaría con un indiciario diferimiento en los pagos bajo la cobertura formal de una prima de éxito». Ello permitiría distanciar los mismos de su origen temporal.
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El presidente y director general de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, durante el primer día de la 14ª edición del Spain Investors Day, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, el 10 de enero de 2024, en Madrid (España). / Ricardo Rubio – Europa Press
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El informe apunta igualmente a la localización de abonos recurrentes de importes idénticos, entre ellos, los «importes gemelos a los satisfechos por las gasísticas». A juicio de los peritos de Hacienda, «ello pudiera presuntamente denotar que aquellos pagadores que satisficieran importes idénticos remunerarían prestaciones equivalentes».
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En esta causa se investigan delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. De forma reciente, el juez ha aceptado la petición de Anticorrupción para prorrogar la instrucción y poder practicar diversas diligencias, entre las que se encuentran las dirigidas a conocer la actividad bancaria de los investigados y sus familiares más directos.
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Quejas del despacho
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En un recurso presentado tras la entrega del informe de Hacienda, el abogado Carlos Luis Rubio Soler reprocha al Fiscal que se soliciten nuevos mandamientos y requerimientos «continuando con el viaje emprendido a ninguna parte» que supone la causa para esta defensa. «Estamos en el octavo año de instrucción y en ese peloteo continuo entre Mozos de Escuadra y Unidad de Apoyo a la Fiscalía, nos encontramos ante un nuevo ejemplo de ese juego perverso en el que el único propósito, ante la evidente ausencia de un mínimo soporte indiciario de los hechos que se investigan, es una indagación prospectiva», señalaba su recurso, al que ha tenido acceso este diario.
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Consideran la petición de información sobre estas cuentas bancarias una clara extralimitación porque muchas de las personas en el listado no están siendo investigadas, lo que convierte esta instrucción en prospectiva. La extralimitación es también temporal, al pretenderse obtener información entre enero de 2008 y finales de 2019, lo que comprende periodos muy anteriores a la comisión de los presuntos delitos que se investigan.
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