Él Mediadorél GobiernoEL Conferencia Episcopal Española y el Conferencia Española de Religiosos Este lunes firmaron el protocolo que activa un sistema estatal de reconocimiento y reparación para las víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, en particular aquellas cuyos casos han caducado y no pueden acceder a las vías legales.

El acuerdo, firmado por el Mediador, Ángel Gabilondo; el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, J.Esus Diaz Sariegodesarrolla el acuerdo marco alcanzado el 8 de enero y corona meses de negociaciones marcadas por diferencias sobre las retribuciones y el papel del organismo de control.

Un mecanismo para casos prescritos

El nuevo sistema está diseñado para atender a las víctimas cuyos casos han quedado atrás debido a la prescripción o la muerte del abusador. Gracias a este mecanismo extrajudicial, Las personas afectadas pueden solicitar una indemnización que incluirá medidas económicas, simbólicas y reparadoras.

El proceso será gestionado por una unidad específica dependiente del Mediador, quien evaluará cada caso y formulará propuestas de compensación. Aunque la Iglesia será responsable de pagar la indemnización, la decisión final recaerá en el Defensor del Pueblo, que actuará como autoridad independiente en caso de desacuerdo.

El sistema estará operativo a partir del 15 de abril y las víctimas podrán optar por este nuevo modelo, hayan iniciado o no el proceso a través del plan interno de la Iglesia (PRIVA) vigente desde 2024.

Remuneración no fija

La firma del protocolo se produce tras varios retrasos provocados por desacuerdos entre las partes, entre ellos los montos de la compensación y control de los pagos ya realizados por la Iglesia.

Aunque el texto no establece cifras cerradas, las referencias apuntan a una indemnización media de unos 35.000 euros por víctimaCumple con las normas europeas. Con unas 2.000 víctimas reconocidas por la Iglesia, el coste total podría superar los 70 millones de euros. Sin embargo, las partes de este protocolo aseguran que cada caso será estudiado individualmente para determinar adecuadamente la indemnización correspondiente.

El Gobierno calificó la firma de este protocolo como un avance en la reparación de las víctimas, mientras que el Mediador lo presentó como un avance en la reparación de las víctimas. una respuesta ética a un problema que ha sido pasado por alto durante décadas.

El nuevo sistema pretende, en cualquier caso, ofrecer una vía alternativa con más garantías que los mecanismos anteriores, cuestionados por su falta de imparcialidad al depender exclusivamente de la institución eclesiástica.