Trump acude al Supremo para defender el fin del derecho a la ciudadanía por nacimiento en EEUU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá este miércoles a la sesión del Tribunal Supremo de EEUU en la que se debatirá la legalidad de su orden para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, reconocida en la Constitución del país. El republicano pretende negar ese reconocimiento a hijos de padres indocumentados o con visados temporales.
[–>[–>[–>La comparecencia marcará un hecho inédito: será la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio presencie de forma directa unos argumentos orales ante el alto tribunal. La vista llega después de que, en junio de 2025, el Supremo ya diera una primera victoria procesal a Trump al levantar los bloqueos dictados por tribunales inferiores contra esta controvertida política.
[–> [–>[–>Un pulso constitucional
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Restringir la ciudadanía automática para hijos de migrantes en situación irregular fue una de las principales promesas de campaña del líder republicano, que en su regreso al poder ha convertido la represión migratoria en una de sus prioridades. Trump firmó la orden ejecutiva el mismo día en que inició su segundo mandato, en enero de 2025, aunque la medida fue recurrida casi de inmediato en cortes de varios estados.
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La decisión de la Corte Suprema de escuchar ahora los argumentos de fondo sitúa en el centro del debate un derecho recogido en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que desde el siglo XIX garantiza la ciudadanía a las personas nacidas en territorio estadounidense.
[–>[–>[–>Trump ha defendido públicamente su postura al sostener que esa protección se aprobó tras la guerra civil de 1861-1865 para amparar a los “hijos de los esclavos” y no a quienes, en sus palabras, “se toman vacaciones para obtener la ciudadanía” estadounidense.
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Cambiar la Constitución
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La ofensiva de Trump ha sido cuestionada por expertos legales, defensores de los derechos humanos y detractores del presidente, que sostienen que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional y que, por tanto, no puede ser eliminado ni recortado mediante una orden presidencial.
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[–>Según un estudio del Migration Policy Institute, unos 255.000 niños al año podrían verse afectados si la Corte Suprema termina alineándose con Trump y ratifica las limitaciones a ese derecho.
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Manifestantes frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos cuando el presidente Donald Trump llega para asistir a audiencias orales el 1 de abril de 2026 en Washington, DC. / AL DRAGO / Getty Images via AFP
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Precedentes legales
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En junio pasado, la mayoría conservadora del tribunal, de seis jueces frente a tres, respaldó a Trump en su petición de suspender los bloqueos emitidos por jueces de Maryland, Washington y Massachusetts. Esos magistrados habían concluido por separado que el presidente no tiene autoridad para cambiar o restringir por decreto lo que fija la Constitución.
[–>[–>[–>Aun así, aquella resolución no entró en el fondo del asunto. El Supremo no avaló entonces la constitucionalidad de la orden ejecutiva, sino que se limitó a pronunciarse sobre la jurisdicción de los tribunales menores y sobre la legalidad de que pudieran frenar a escala nacional una medida del Ejecutivo.
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La relación entre la Casa Blanca y el Supremo ha dejado otros precedentes históricos, aunque ninguno igual al de este miércoles. Richard Nixon defendió un caso ante la corte en 1967, entre su etapa como vicepresidente y su llegada a la presidencia, mientras que William Howard Taft llegó a ejercer como presidente del tribunal después de haber ocupado la Casa Blanca entre 1909 y 1913.
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