MADRID 1 de abril (EUROPA PRESS) –

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió este martes de que la nueva ley israelí de ejecutar únicamente a ciudadanos palestinos por actos de terrorismo constituye un crimen de guerra.

«Es claramente incompatible con las obligaciones de Israel bajo el derecho internacional, incluidas aquellas relacionadas con el derecho a la vida. Plantea serias preocupaciones sobre violaciones del debido proceso, es profundamente discriminatorio y debe ser derogado inmediatamente», dijo Turk.

La ley establece la ejecución en la horca como pena para los palestinos condenados en la Cisjordania ocupada por ataques que provocan la muerte de ciudadanos israelíes y que se llevan a cabo en un plazo de 90 días -contraviniendo todas las leyes internacionales-, sin posibilidad de indulto y derecho de recurso.

Turk recordó lo «profundamente difícil» que es conciliar este tipo de legislación con la dignidad humana y el «riesgo inaceptable» de que personas inocentes acaben siendo ejecutadas. Aplicarlo a «los habitantes del territorio palestino ocupado constituiría un crimen de guerra», subrayó.

Asimismo, la jefa de Derechos Humanos de la ONU ha alertado sobre otras propuestas legislativas con las que el Parlamento israelí pretende imponer retroactivamente la pena de muerte a los detenidos por los atentados del 7 de octubre de 2023 a través de un tribunal militar especial.

Así, ha hecho un llamamiento a los legisladores israelíes para que den marcha atrás y ha destacado que al centrarse exclusivamente en los crímenes cometidos por los palestinos, «se está institucionalizando una justicia discriminatoria y parcial».

«Los juicios por los crímenes relacionados con el 7 de octubre son extremadamente importantes, pero no deben basarse en discriminación. Todas las víctimas tienen derecho a la misma protección de la ley, y todos los perpetradores deben rendir cuentas sin discriminación», defendió.

Con estas nuevas medidas, Israel refuerza aún más sus políticas de segregación racial y apartheid contra los ciudadanos palestinos, que a menudo son condenados tras «juicios injustos», ha denunciado Naciones Unidas.

El Alto Comisionado recuerda que, según el derecho internacional, los juicios de civiles en tribunales militares están prohibidos, excepto en circunstancias estrictamente excepcionales en las que el Estado pueda demostrar que son necesarios y justificados por razones graves e imperiosas, y en las que los tribunales civiles ordinarios no pueden llevar a cabo el proceso judicial.