ALICANTE, 2 de abril (EUROPA PRESS)-

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Elche (Alicante) a cuatro personas -dos hombres y dos mujeres de entre 38 y 52 años- por su presunta implicación en un grupo criminal dedicado a defraudar a entidades financieras y particulares a través de sociedades ficticias a nombre de testaferros para adquirir vehículos, principalmente en la modalidad de ‘leasing’ y ‘renting’, o con cargas y cargas de reserva de dominio, que posteriormente vendían a terceros.

La operación, enmarcada en la lucha contra el tráfico ilícito de vehículos, se inició tras conocerse una posible organización criminal dedicada a la adquisición de vehículos nuevos o seminuevos mediante presuntos engaños que posteriormente venderían en el extranjero a un precio «claramente inferior al de mercado», con el fin de «evitar los impedimentos de la reserva de propiedad y dificultar su localización», según indicó la Policía Nacional en un comunicado.

Las primeras investigaciones revelaron que esta supuesta organización ya había sido inspeccionada en 2022, aunque los imputados, para continuar con su ‘modus vivirdi’, habrían creado nuevas empresas sobre las que se dirigió la presente investigación.

Respecto a la operación supuestamente utilizada por la red para cometer sus supuestas estafas, los investigadores detectaron tres modalidades principales. El primero es la adquisición de vehículos en ‘leasing’, a través de sociedades inactivas o meramente instrumentales a nombre de testaferros y su venta en el extranjero para supuestamente eludir la reserva de propiedad sobre el vehículo.

El segundo aborda la adquisición de vehículos cargados a particulares con «graves necesidades económicas», a quienes supuestamente no pagaron el dinero pactado y que posteriormente fueron vendidos sin autorización del propietario.

La tercera modalidad se centra en la supuesta venta de vehículos a particulares que, tras pagar una reserva, no recibieron el vehículo, según el organismo de seguridad.

De esta forma, los presuntos autores utilizaron como testaferros de las empresas a personas cuyas necesidades sociales y económicas supuestamente estaban atendidas y a quienes registraron como autónomos, creando la empresa a su nombre para la presunta comisión de sus delitos penales.

Con la primera modalidad, cuatro empresas financieras se vieron afectadas por la firma de 14 contratos de leasing, un contrato de renting y cuatro préstamos de financiación de vehículos, todo a nombre de dos empresas que resultaron estar a nombre de testaferros que supuestamente habían sido presentados por los imputados para la adquisición de los autos.

Además, uno de los financieros afirmó que el importe ocasionado por la supuesta operación fraudulenta ascendió a un total de 210.714 euros.

INVESTIGACIÓN

Durante la investigación, los agentes encontraron cinco de estos vehículos que habían sido vendidos a terceros en Francia y Países Bajos y debidamente matriculados con las respectivas matrículas del país, donde la reserva de propiedad que existe sobre el vehículo con motivo de la deuda y que prohíbe su cambio de titularidad en España no puede ser comprobada por las autoridades de tráfico, según el organismo de seguridad.

El presunto cabecilla de la trama, un hombre de 50 años, supuestamente gestionaba una página web desde la que ofrecía la compra de vehículos, en la que se hacía referencia a que se daban paso a «vehículos embargados, financiados, con reserva de dominio, con precinto, multas, ‘leasing’ o facturas vencidas».

Cuando un interesado decidió vender su vehículo y se puso en contacto con ellos, supuestamente pusieron a la víctima en la peor situación y, a su vez, se presentaron como su posible solución para solucionar su situación económica, al supuestamente transferirle una pequeña parte del precio pactado por el vehículo.

Posteriormente, los presuntos responsables alegaron problemas respecto al impedimento del cambio de titularidad, se negaron a pagarles el resto y les dieron excusas para ganar tiempo, mientras que supuestamente lo revendieron a un tercero y les impidieron contactar nuevamente con ellos.

La supuesta organización adquiría vehículos por mil euros que luego vendía por 20.000, mientras hacía creer a sus propietarios que no se podían vender y que sólo podían destinarse a piezas, alcanzando una plusvalía neta de 26.000 en algunas de las operaciones investigadas.

VENTA DE VEHICULOS

Por otro lado, los vehículos presuntamente adquiridos de forma fraudulenta fueron puestos a la venta a un precio «muy inferior» al de mercado, a través de las distintas plataformas legales de venta de vehículos, con la utilización de las mismas empresas ficticias.

En algunos de estos anuncios se especificaba que se trataba de vehículos «sólo aptos para la exportación», que supuestamente fueron revendidos a terceros en España u otro país.

Estas supuestas ventas se realizaban ocasionalmente en las inmediaciones de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la provincia, donde los compradores inspeccionaban el estado del vehículo, realizaban transferencias en nombre de la empresa, recibían junto con el vehículo la documentación y las llaves y formalizaban un contrato firmado mediante un presunto engaño.

Sin embargo, los imputados informaron a los compradores que el cambio de titularidad se gestionaría posteriormente, si bien, pasado un tiempo, al ver que aún no se había realizado el trámite, realizaron gestiones y se dieron cuenta de que habían sido víctimas de una supuesta estafa, al descubrir que el vehículo adquirido tenía cargos de reserva de dominio que impedían su comercialización y no podía ser cambiado de titular hasta que se saldara la deuda pendiente, momento en el que decidieron denunciar los hechos.

En cuanto a la tercera modalidad que presuntamente perpetraron, se centró en la venta de vehículos ofertados en diversos portales de internet y consistió en solicitar dinero a los interesados ​​para la reserva de vehículos que supuestamente nunca fueron entregados.

Con todo lo investigado en la operación conjunta llevada a cabo entre los grupos de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción y Tráfico Ilícito de Vehículos de la Policía Judicial de Alicante, con la colaboración de la Policía Judicial de Elche y Ciudad Real, se llevó a cabo la investigación, con tres registros en dos fincas de Elche y una nave industrial en Aspe.

La operación se saldó con la incautación de 34 vehículos, varios de ellos de alta gama, encontrados en un aparcamiento de Elche, donde la supuesta organización tenía alquilados dos plantas enteras.

En el maletero de uno de los coches también se encontró documentación de más de 150 vehículos, además del bloqueo de más de 50 vehículos de las empresas investigadas en el Registro de Bienes Muebles, la intervención de multitud de cuentas bancarias y la prohibición de venta y enajenación de 12 inmuebles.

Tras la detención de estas cuatro personas como presuntos responsables de los delitos investigados, no se descartan más detenciones, ya que continúan las gestiones para localizar a posibles víctimas de las que aún no sabemos.

Los dos principales detenidos, tras realizar las investigaciones policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de Alicante, decretándose el ingreso en prisión provisional del presunto cabecilla de la trama.