MADRID, 3 de abril (EUROPA PRESS)-

Los peruanos afrontan un nuevo proceso electoral con las presidenciales y legislativas del 12 de abril marcados por una década de inestabilidad política, con ocho presidentes incluido el actual, y con una retahíla de candidatos de todo tipo, con antecedentes de denuncias, condenas e irregularidades, que apuntalan una crisis institucional convertida ya en modelo de gobernabilidad.

Estas elecciones pretenden ser históricas, no sólo por un aumento de hasta el 8% del censo electoral respecto a 2021 -más de 27,2 millones de electores-, sino también porque podrán elegir entre un número récord de candidatos presidenciales, hasta 35, lo que augura una fragmentación del voto sin precedentes.

Los principales favoritos apenas superan el 14% en el mejor de los casos, lo que hace más que probable la segunda vuelta el 7 de junio. Los candidatos conservadores Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori oscilan desde hace semanas entre estas cifras en las encuestas, dominadas por los indecisos, que superan el 30%.

López Aliaga, exalcalde de Lima, y ​​Keiko Fujimori, la eterna candidata hija del expresidente condenado por crímenes contra los Derechos Humanos Alberto Fujimori, comparten campo de votación en la capital, aunque es fuera -donde vive el 70% de sus 34 millones de habitantes- donde se decidirá la carrera.

Lo sabe bien la propia Fujimori, que en las últimas elecciones perdió por tercera vez los comicios después de que Pedro Castillo -ahora encarcelado por intentar un autogolpe en 2022- se apoderara de la totalidad del voto en el sur del país, así como en el de las zonas mineras o más aisladas.

Proyectos políticos que desafían el sistema, como el de Castillo -que prometió reformar la Constitución y redistribuir la riqueza ante la tenaz resistencia del Congreso- han atraído el apoyo del electorado de aquellas regiones con históricamente menor presencia del Estado.

CANDIDATOS EN INTERDICTO

Además de los treinta candidatos a la Cámara de Pizarro, 10.000 más se postulan para un Congreso bicameral que no existe desde los años 90 y para el que se necesita al menos el 5% de los votos para entrar. A los 130 candidatos para la Cámara de Diputados y los cinco para el Parlamento Andino se suman ahora 60 para el Senado.

Entre la lista de candidatos presidenciales hay al menos 16 que han omitido información sobre sus vínculos comerciales, sentencias, cargos que desempeñaron y otros datos relevantes en su declaración jurada de hoja de vida, según el Jurado Electoral Especial (JEE), lo que genera aún más dudas sobre las capacidades de una clase política peruana en cuestión.

Cabe recordar que actualmente hay cuatro expresidentes que se encuentran en prisión -Martín Vizcarra, Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala-, aunque hay otros que ya pasaron un tiempo tras las rejas como el citado Alberto Fujimori, mientras que Pedro Pablo Kuczynski fue condenado a tres años de arresto domiciliario y otros como Alan García optaron por pegarse un tiro cuando iba a ser detenido por corrupción.

La JEE ha señalado irregularidades en la declaración jurada de Keiko Fujimori -que ya pasó un tiempo en prisión preventiva por presunta financiación irregular de sus campañas- al no incluir su participación en una empresa y su propiedad en otra, aunque todo finalmente fue archivado tras una revisión.

Asimismo, la nota de López Aliaga ha estado en foco por no declararse socio fundador de una inmobiliaria; en los de Carlos Álvarez, Alfonso López Chau o Mario Vizcarra, nombres también propios de estas elecciones, además de otros candidatos mucho más marginales. En la mayoría de los casos, los imputados han alegado errores involuntarios en la transcripción, o que el JEE tiene información desactualizada.

Sin embargo, los casos más llamativos se encuentran en la sucesión de candidatos a la Legislatura, entre los que hay cerca de 500 con sentencia firme por diversos delitos, de los cuales 51 están relacionados con episodios de violencia familiar, ya sea por lesiones o por no pagar manutención.

La derechista Alianza para el Progreso (APP) del candidato presidencial César Acuña es el partido con mayor número de condenados, con 53; seguido de Podemos Perú, con 33; uno más que Fuerza Popular de Fujimori; Primero Perú, con 26; o Perú Libre, con 22, cuyo candidato, Vladimir Cerrón, está prófugo de la Justicia, lo que no le ha impedido presentarse a estos comicios.

Hay candidatos con condenas por robo, denuncias por conducir en estado de ebriedad, agresión, lesiones o por proferir amenazas de muerte, como el caso del candidato a diputado por el partido Buen Gobierno Rolando Cueva García.

Un exalumno de la misma universidad lo denunció por amenazas de muerte. Según la versión policial, García exigió que se dejara de investigar los contratos de su empresa con el centro educativo. También se le ha visto en vídeos empuñando un arma o bebiendo mientras conduce, por lo que fue arrestado.

Nunca antes los peruanos habían podido elegir entre tantos candidatos, está por ver si podrán poner freno a la galopante crisis de credibilidad institucional y política, con un electorado preocupado por la inseguridad, la corrupción y el desempleo.