El marco legal para hacer frente a una interrupción grave del suministro de petróleo se basa en un principio de precaución. Ley 36/2015de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, constituye la piedra angular en este ámbito, ya que permite al Gobierno declarar una situación de interés de Seguridad Nacional cuando se producen crisis que afectan a ámbitos como el suministro energético.

Una vez activado este escenario, el Ejecutivo podrá dictar pedidos directos para garantizar el suministro de bienes y servicios esenciales. Además, la Constitución, en su artículo 116, contempla la posibilidad de declarar la estados de alarma, excepción y sitio.

Especialmente relevante es el estado de alarma, que podría activarse para hacer frente a una crisis energéticaun supuesto incluido en el artículo 4.b) de la Ley Orgánica 4/1981.

Durante su vigencia, el Gobierno podrá limitar la circulación de personas y vehículoscomo ya sucedió durante la pandemia de COVID-19, que sentó un claro precedente sobre la capacidad del estado para controlar el uso del automóvil.

El colchón de reservas y el fantasma del racionamiento

Antes de imponer limitaciones al uso del coche, España cuenta con un colchón importante: las reservas estratégicas de petróleo. Según los últimos datos, el país dispone de reservas para cubrir 105 días de consumoque supera con creces el mínimo de 90 días exigido por la Agencia Internacional de Energía.

Estas reservas, gestionadas por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), están diseñadas precisamente para evitar tener que recurrir al racionamiento de combustible en el hogares.

Sin embargo, la posibilidad de racionar no es una quimera. El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, ha admitido que la Unión Europea está estudiando «todas las opciones» para garantizar el suministro en los próximos meses, incluido el de racionamiento de ciertos combustibles.

Este sería el último recurso, si la crisis se prolongara más allá de la capacidad de las reservas estratégicas. En este hipotético escenario, España Sí, podría imponer limitaciones. Obligatorio utilizar el coche.

La movilidad de los ciudadanos estaría entonces sujeta a necesidades esenciales.priorizar el transporte de mercancíaslos servicios de emergencia y el viajes de trabajo justificado, en un esquema similar al aplicado durante la pandemia.

La decisión, por tanto, no es arbitraria, sino que se articularía a través de un procedimiento legal establecido, garantizando que cualquier restricción se aplica proporcionalmente y por el tiempo estrictamente necesario.